La disculpa del Estado a ecuatoriana cuyos derechos vulneró el sistema judicial

Daira Olinda Portocarrero Hurtado (der.) recibe el Acuerdo con las disculpas públicas del Consejo de la Judicatura. Quito, Ecuador. La consejera Angélica Porras (izq.) entrega el Acuerdo con las disculpas públicas del Consejo de la Judicatura a Daira Olinda Portocarrero Hurtado.

El Consejo de la Judicatura (CJ), en nombre del Estado ecuatoriano y por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ofreció disculpas públicas a Daira Olinda Portocarrero Hurtado, perjudicada por decisiones judiciales injustas.

Este acontecimiento tuvo lugar el día viernes 9 de noviembre de 2018, en el auditorio del Complejo Judicial Norte de Quito a donde concurrieron los vocales Aquiles Rigail y Angélica Porras, del Consejo de la Judicatura, más su director general Juan Vizueta; y, desde luego, la víctima Portocarrero, así como delegados de otras instituciones oficiales.

El consejero Rigail, que en ese momento representaba al vocal presidente Marcelo Merlo, proclamó que “el Estado ecuatoriano, a través del Consejo de la Judicatura, reconoce su responsabilidad por los hechos que generaron la privación arbitraria de su libertad y ofrece sus sinceras disculpas a la señora Daira Olinda Portocarrero Hurtado y a sus familiares”.

La historia del caso

Portocarrero fue detenida en 2004 por la Policía Nacional, que la culpó de portar 98 gramos de cocaína. Fue procesada por tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y luego del llamamiento a juicio se ordenó su detención en firme.

No obstante, en 2006 el ex Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la figura de la detención en firme, situación que dio pie para que Portocarrero presentara un recurso de hábeas corpus, ya que había transcurrido el plazo máximo legal establecido para su detención. Sin embargo, el recurso fue negado. Ella apeló dicha resolución ante el ex Tribunal Constitucional, pero no tuvo respuesta favorable. En mayo de 2008 la Corte Superior de Justicia de Quito la sentenció a 8 años de prisión y al pago de 80 salarios mínimos vitales, como cómplice del delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

El 14 de julio del mismo año la Asamblea Constituyente aprobó la “Resolución para el indulto de las personas que transportan pequeñas cantidades de sustancias psicotrópicas y estupefacientes”. La defensa de Portocarrero solicitó entonces la respectiva orden de excarcelación, la cual se emitió el 5 de agosto de 2008. Mientras tanto, la mujer había permanecido detenida, bajo la figura de la “detención en firme”, durante 26 meses.

Derechos atropellados

El consejero Aquiles Rigail dijo que la Judicatura considera que en este caso el sistema de justicia violó derechos como el de la libertad, la integridad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la tutela judicial efectiva. “Resaltamos su derecho a la honra y al buen nombre, que fueron atropellados durante el tiempo que permaneció ilegalmente detenida”, enfatizó.

Asimismo manifestó que el CJ se compromete a reparar integralmente a Portocarrero por esos abusos y adoptar las medidas para que no se produzcan hechos similares. “El Consejo de la Judicatura dispondrá una investigación, con el fin de establecer la responsabilidad de los servidores judiciales que participaron en los hechos cometidos contra la señora Portocarrero”, aseveró.

Reconocimiento de error y llamado de atención

De su parte, la consejera Angélica Porras entregó a la mencionada ciudadana la resolución 077A-2018 del CJ, que establece el acuerdo de cumplimiento del informe de la CIDH.

Porras dijo que estas disculpas públicas no solo tienen el objetivo de reconocer el error que cometió el sistema judicial ecuatoriano, sino que es un llamado de atención a la sociedad ecuatoriana, que permitió que se violen los derechos fundamentales de los ciudadanos. “No son pocas las personas afectadas por el sistema de justicia”, reconoció la consejera.

El director general del CJ, por su parte, cree que estas disculpas evidencian el respeto que la Judicatura tiene por el Estado democrático, la Constitución y los convenios internacionales. “Esperamos que este acto permita enviar un mensaje claro a los operadores de justicia, para que se respete la norma sobre privación de libertad. Que este llamado de atención al Estado sirva para que en Ecuador se termine la viveza criolla de ciertos jueces”, advirtió tajante.

FUENTE: Boletín informativo y foto del Consejo de la Judicatura, Quito.