Investigarían a fiscales y jueces que se prestaron para persecución política

“La mesa por la verdad y la justicia: perseguidos políticos, nunca más”, considera que el Consejo de la Judicatura (CJ) ecuatoriano debe investigar -preliminarmente en el ámbito disciplinario- a 492 operadores de justicia, entre jueces y fiscales, por su supuesta actuación irregular dentro de los casos de hostigamiento a través del sistema judicial.

Ese planteamiento fue presentado este lunes 10 de diciembre del 2018, durante una rueda de prensa en Quito para divulgar el primer avance del informe final sobre los casos de acoso político.

En este evento, que coincidió con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, estuvieron los miembros del Consejo de la Judicatura: el presidente, Marcelo Merlo y la vocal Angélica Porras; más los representantes de la Mesa, Paúl Jácome y Alejandra Cevallos; además de familiares y víctimas de este tipo de hechos despreciables.

Marcelo Merlo señaló que el país vive las consecuencias de la persecución que realizó el gobierno anterior encabezado por el expresidente Rafael Correa Delgado, en todos los ámbitos, durante 10 años.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de quienes integraron esta Mesa para instaurar un procedimiento con el cual se investigue todos los hechos analizados y se determinen las reparaciones que sean del caso.

De su parte, la vocal Angélica Porras señaló que en los casos contra los defensores de los derechos de la naturaleza hubo ciertos patrones de comportamiento, como: conflictos asociados a proyectos de explotación de recursos naturales por empresas extranjeras; ingreso violento a las comunidades por parte de grandes contingentes de la fuerza pública (100-300 policías), entre otros aspectos. “Hay casos en los que se registraron muertes, violaciones, agresiones, quema de casas y cultivos”, dijo.

Además indicó que se iniciaron juicios penales a los líderes sociales; detenciones ilegales, sin boleta de encarcelamiento; tipificación de flagrancias hasta 43 días después; cambio de jueces y fiscales; eliminación de pruebas; y, sentencias sin motivación.

Desmantelamiento parcial de la justicia indígena

En los casos relacionados con los pueblos indígenas, la vocal sostuvo que, entre otras cosas, no hubo reconocimiento del ejercicio de la justicia indígena; los dirigentes fueron encarcelados con multas económicas altas. “En ciertas comunidades se desmanteló el sistema de justicia”.

Al referirse al caso 30S (la revuelta policial durante el gobierno de Correa), la vocal manifestó que el Estado construyó un enemigo sobre el cual se aplicó con fuerza el Derecho Penal; se calificaron flagrancias hasta tres años después de los hechos; hubo detenciones y allanamientos ilegales; eliminación de pruebas; presión a familiares; y, tortura en lugares de prisión.

Autoridades del Gobierno intimidaban a los jueces

Según la doctora Porras, en todos los casos y en todas las comisiones hay elementos comunes: el papel de las autoridades del Estado. “Ministros, subsecretarios, estaban presentes en las audiencias de los juicios, lo que suponía un mensaje para los jueces”, dijo.

El presidente de la Mesa por la Verdad y la Justicia, Paúl Jácome, explicó, entre otros datos, que de 1400 casos receptados, 300 cumplieron los requisitos establecidos y luego de un proceso de depuración, quedaron 247 para el análisis definitivo.

Según Jácome, entre 2007 y 2009 hubo nueve casos de persecución política y para el año 2010 se incrementaron a 85. De acuerdo al informe, el 90 % de este tipo de procesos corresponde al gobierno de Rafael Correa.

Reformar el COIP y la Ley de Víctimas

Para evitar que persistan este tipo de hechos, la Mesa recomendó que se reforme el Código Orgánico Integral Penal para despenalizar los delitos de opinión y se reforme la Ley de Víctimas y Reparaciones con el objetivo de que quienes sufrieron acoso político no tengan límite de tiempo para realizar sus reclamos.

La Mesa por la Verdad y la Justicia entregará este informe preliminar a organizaciones de Derechos Humanos, universidades y las personas que participaron en este proceso para que hagan sus observaciones hasta el próximo 28 de diciembre. El documento definitivo estará listo en enero de 2019.

FUENTE: Consejo de la Judicatura (Quito), mediante boletín informativo y foto con firma de su Dirección Nacional de Comunicación.
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