Los sectores agroproductivos se ven seriamente golpeados por la eliminación del subsidio a los combustibles, incidiendo en los costos directos e indirectos de producción.

Pedro Pablo Jijón Ochoa* / Guayaquil / 11-10-19

Hemos leído en redes sociales, en estos días, acerca de la convulsión social que se ha desatado en el Ecuador por efectos de medidas económicas implantadas por el actual régimen. Medidas sugeridas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), concretamente el Decreto Ejecutivo No. 883 donde eliminan el subsidio a combustibles como diésel y gasolina. Opiniones diversas sobre los efectos de este Decreto han causado controversia política y social, además de oportunismos politiqueros con intereses financieros.

El FMI fue creado en julio del año 1944, en una conferencia de las Naciones Unidas, con la aprobación, en ese momento, de cuarenta y cuatro (44) países. Hoy por hoy está conformado por ciento ochenta y nueve (189) países miembros. El espíritu de su creación fue otorgar créditos a países miembros con problemas en su Balanza de Pagos, con la condición de que los ajustes fiscales sean en estrecha dirección del FMI, estipulados en la llamada Carta de Intención. Los gobiernos del Ecuador, en el lapso de veinte años (1983 al 2003), han firmado trece (13) convenios con el FMI.

A mi criterio -no soy dueño de la verdad absoluta, sí dueño de mis análisis-, considero que el actual déficit fiscal es provocado por la condonación de cuatro mil quinientos millones de dólares ($ 4.500 MM USD) a grandes grupos empresariales, en la llamada “Ley de Fomento Productivo” que además golpeó a sectores como el pesquero, acuícola, agropecuario, y de las economías populares solidarias. Los sectores agroproductivos se ven seriamente golpeados por la eliminación del subsidio a los combustibles, incidiendo en los costos directos e indirectos de producción.

Combustibles como el diésel y la gasolina son usados en la explotación agropecuaria, desde la preparación de suelos con el uso de maquinaría, el riego que se realiza con bombas, la transportación de insumos de la casa comercial al centro de producción, el traslado de trabajadores, la fumigación con bombas de motor portátiles. La cosecha se realiza con maquinaria que consume combustible; la transportación de la cosecha a los centros de acopio; y, por último. el traslado de los productos agrícolas desde los centros de acopio a los mercados de abastecimiento se realiza en camiones que consumen combustibles. Sumemos a esto los bajos precios que pagan la intermediación y algunos industriales por las cosechas, en su mala práctica comercial.

Las consecuencias de estas medidas dirigidas por el FMI ocasionan en el productor agropecuario -sobre el cual cae toda la carga financiera- disminución en su capacidad de pago, retraso en pago de sus créditos con la banca (estatal o privada), deserción en la educación rural, falta de servicios de salud por recortes presupuestarios, aumento de precio de la canasta básica de todos los consumidores finales y, por último, el Estado deja de percibir impuestos.

Cabe destacar la ejemplar manifestación del Pueblo Indígena del Ecuador, que ha liderado con gran organización estructural, visión política y constancia en su misión de restablecer la justicia social, aplicando su legítimo Derecho a la Resistencia consagrado en la Constitución de la República del Ecuador.

Los Estados deben desarrollar soluciones creativas para equilibrar sus balanzas de pagos, en las cuales no salgan lesionados los sectores más vulnerables de la sociedad, como los agricultores y trabajadores; y no rendirse a condiciones de organismos multilaterales que, a mi experiencia, han ocasionado caídas de gobiernos.

* Ingeniero comercial y director ejecutivo de ASESORAP (Asesoría a Organizaciones Agrícolas Productivas): asesorapecuador@gmail.com.