El reciente y despiadado asesinato a 119 personas detenidas dentro de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil (Ecuador), obliga al Consejo de la Judicatura a tomar acciones extraordinarias para tratar de que desde la Función Judicial se cumplan las garantías penitenciarias que mandan la Constitución Política de la República y otras leyes secundarias afines.

Entre las nuevas medidas, constan: ampliación temporal de competencias para conocer causas, contratación de jueces, optimización del sistema informático y capacitación.

 El pleno del Consejo aprobó la Resolución CJ-168-2021, que declara la “necesidad extraordinaria y emergente del servicio judicial de garantías penitenciarias”, y dispone varias acciones para el fortalecimiento de esta materia.

La Resolución tiene fecha de 7 de octubre del 2021 y en ella se ordena la inmediata ejecución del Plan Integral de Fortalecimiento del Servicio Judicial en materia de Garantías Penitenciarias. Este Plan contempla los elementos técnicos y financieros necesarios para la incorporación de personal e implementación de infraestructura y equipamiento que agilite el despacho de las causas, para conseguir que las personas privadas de libertad (PPL) puedan acogerse a los beneficios penitenciarios establecidos en la ley.

De igual forma, se amplía temporalmente la competencia de los jueces de las unidades judiciales de Garantías Penales, de Tránsito y Especializadas en Violencia contra la Mujer o miembros del Núcleo Familiar, para que conozcan y resuelvan las causas que se encuentren en trámite en esta materia penitenciaria en los cantones Guayaquil, Portoviejo, Cuenca y Latacunga, mientras dure la declaratoria de necesidad extraordinaria y emergente. Con esta decisión, 118 jueces se sumarán temporalmente para tramitar causas de garantías penitenciarias en esas 4 ciudades.

Adicionalmente, se desarrollan los procesos correspondientes para la designación de 10 nuevos jueces especializados (ocho temporales y dos permanentes), quienes fortalecerán la atención de este tipo de causas.

El pleno de la Judicatura también dispuso a la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que, en el sistema informático que permite la emisión telemática de boletas de excarcelación, se implemente un módulo de alertas tempranas para que los jueces puedan aplicar beneficios penitenciarios y cumplimiento de penas.

La Dirección General de la Judicatura deberá requerir al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), la dotación suficiente de grilletes electrónicos para los casos en los que las y los jueces dicten medidas alternativas a la prisión preventiva. 

La Escuela de la Función Judicial tendrá que ejecutar el Programa de Formación Continua en Garantías Penitenciarias 2021 y realizar, a nivel nacional, los cursos establecidos en dicho plan. Cabe resaltar que 2.200 servidores judiciales ya han sido capacitados en esta materia desde el 2019.

La información relacionada con la Resolución 168-2021, así como los datos solicitados por el Gobierno nacional sobre el uso de la prisión preventiva desde 2019; el uso de las penas no privativas de libertad en las sentencias condenatorias expedidas desde el 30 de julio hasta la fecha; los tiempos promedios de tramitación de causas; y, la implementación de los tribunales de Garantías Penitenciarias, fueron remitidos por el Consejo de la Judicatura a la Presidencia de la República, el 8 de octubre del 2021.

Unidades de Garantías Penitenciarias y estadística de prisiones preventivas

Con el propósito de optimizar el despacho de causas pendientes, en 2019, la actual administración del CJ creó las unidades judiciales especializadas de Garantías Penitenciarias, disposición constitucional que estaba aplazada desde hace 11 años.

Actualmente, en Ecuador, 139 jueces tratan casos relacionados con Garantías Penitenciarias; de estos, 11 son especializados y 128 son penales. 

De enero a septiembre de 2021, ingresaron 6.982 causas de Garantías Penitenciarias; de estas, 6.180 (90 %) fueron resueltas. La Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias de Guayaquil es la que mayor ingreso de causas registra: 3.986.

Entre 2019 y 2021, a escala nacional se despacharon 66.754 autos de prisión preventiva. De ellos, 27.272 corresponden a 2019, 22.482 a 2020 y 17.000 a 2021.

El CJ habilitó la Ventanilla Virtual, que otorga boletas de excarcelación automatizadas; y, desde 2019, entregó más de 48 mil firmas electrónicas. Además, en coordinación con el SNAI, realizó alrededor de 2.300 videoaudiencias en esta materia.

FUENTE: Comunicado con firma del Consejo de la Judicatura del Ecuador (Quito), recibido a través de la Unidad de Comunicación Social de la Dirección Provincial de dicho Consejo en Portoviejo, provincia de Manabí.