La suma total pagada por esas personas, de enero a mayo del 2023, asciende a 307 millones de dólares.

De acuerdo a la versión del Consejo de la Judicatura (CJ) del Ecuador, él cumple un rol fundamental en el proceso de recaudación y acreditación de pensiones alimenticias.

Explica que su objetivo es garantizar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes que dependen de tales pensiones para cubrir sus necesidades básicas.

Y da cifras. A través del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), se procesaron USD. 307.2 millones que beneficiaron a 1’126.004 niñas, niños y adolescentes de uno u otro género, a nivel nacional, en los primeros cinco meses del año.

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Actualmente, 853.285 personas están obligadas a pagar pensiones alimenticias. El CJ afirma que realiza un seguimiento riguroso del pago de dichas pensiones alimenticias.

A escala nacional, el SUPA cuenta con 979 puntos para que los alimentantes puedan pagar las pensiones alimenticias y con 299 instituciones financieras para la acreditación correspondiente.

También, 7.748 instituciones, entre públicas y privadas, realizan las retenciones judiciales respectivas.

Las retenciones judiciales, realizadas a través de las unidades de nómina de las diferentes instituciones públicas, constituyen parte esencial para acreditar las pensiones alimenticias a sus respectivos beneficiarios. De ahí la importancia, según el CJ, de que la ejecución del proceso de confirmación de las órdenes de pago en el SUPA se realicen de forma oportuna.

Los valores por pensiones alimenticias, así como sus incrementos o rebajas, son fijados a través de resolución judicial. 

FUENTE: Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura (Quito, Ecuador), mediante boletín con su firma.