La propuesta, presentada en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de la República, pretende conseguir un marco legal idóneo para “combatir eficazmente la corrupción y reforzar la independencia del sistema” judicial.

El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) del Ecuador, Mario Godoy, compareció el día 7 de julio del 2025 ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, donde propuso algunas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

Modernizar el sistema judicial

Dijo que su propuesta es para modernizar el sistema de justicia; reforzar la independencia, transparencia y eficiencia; garantizar el acceso equitativo a la justicia; combatir eficazmente la corrupción; y promover una cultura de paz, legalidad y derechos humanos.

Reformas puntuales y urgentes

Godoy señaló que las reformas deben tratarse con urgencia, más aún cuando el crimen organizado ha cooptado a servidores judiciales, como ocurrió en los casos Metástasis, Plaga y Purga.

En ese sentido se plantea reformar el artículo 329 del COFJ, para impedir que personas condenadas por delitos como cohecho, tráfico de influencias, prevaricato o delincuencia organizada, ingresen a la Función Judicial.

La propuesta plantea que jueces y fiscales deberán actualizar sus declaraciones patrimoniales cada año o en el momento en que su patrimonio crezca más del 10 %.

Adicionalmente, se plantean cambios en el artículo 106 para que, cuando una medida jurisdiccional suspenda un expediente disciplinario, también se posterguen los plazos de prescripción. Esto evitará la impunidad, según el proponente.

La propuesta incluye reformar los artículos 122 y 153 del COFJ, con el objetivo de unificar el régimen de remoción para jueces y servidores administrativos.

Esto es con el fin de que la remoción se ejecute, en ambos casos, cuando exista un auto de llamamiento a juicio en firme en contra del servidor.

Actualmente, en estos casos, únicamente los servidores administrativos son removidos; mientras que solo aplica suspensión de sus funciones para los jueces.

En cuanto a la evaluación de los funcionarios, se propone que este proceso se cumpla cada año. Quienes no aprueben serán removidos sin otra valoración.

A decir de Godoy, los jueces no han sido calificados desde 2017 y los fiscales desde 2011.

Otra propuesta sostiene que también hay la necesidad de que se concreten los concursos públicos de jueces, fiscales y defensores públicos.

Con ese propósito se solicita actualizar los parámetros de pruebas psicológicas y precisar el concepto y alcance del examen de confianza.

El proponente argumentó que desde 2017 no se realizan estos procesos, por lo que no existen bancos de elegibles para cubrir vacantes o reemplazos.

Mejorar atención a usuarios

Mario Godoy explicó que su propuesta persigue, además, mejorar el servicio a los usuarios. Por eso sugirió incorporar, como falta gravísima, los retardos injustificados; y, como infracciones graves, no registrar o actualizar oportunamente la información judicial en el sistema informático.

En ese propósito de ofrecer un mejor servicio a los usuarios de la Administración de justicia, el presidente del Consejo de la Judicatura también ha propuesto que, parte de los 50 millones de dólares que el Estado percibe anualmente por tasas notariales, quede en la Judicatura y se destine para mejorar la gestión de los procesos judiciales.

Otras reformas

Por último, propuso reformas relacionadas con la Escuela de la Función Judicial, los procesos de mediación, el accionar de los jueces de paz y lo que concierne al funcionamiento de la justicia indígena.

FUENTE: Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura (Quito, Ecuador), mediante boletín y foto cursados a REVISTA DE MANABÍ por el periodista Jonathan Gines, corresponsal en Portoviejo para esa dependencia institucional.