En el marco del Mes Mundial de la Salud, dos organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana (Coalición Movilidad Segura, y Tandem), que trabajan en seguridad vial, hacen un llamado urgente a reconocer esta problemática como una prioridad de salud pública, prevención y gestión estatal.

Pues resulta que los siniestros de tránsito en Ecuador no solo se traducen en pérdida de vidas, lesiones y discapacidades humanas; también representan una presión creciente sobre el sistema sanitario público y un alto costo para el país.

El Estado ecuatoriano destina aproximadamente USD 280 millones anuales de su presupuesto público a la atención médica derivada de siniestros viales.

2da causa de medicación en red pública

Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), el 25 % de las atenciones médicas registradas en enero de 2026 se generaron como producto de siniestros de tránsito, lo que las ubica como la segunda causa de medicación en la red pública de salud, solo después de los eventos clínicos.

Esa es una tendencia que viene desde antes, ya que durante 2025 dichas atenciones representaron el 26 % del servicio de sanidad pública.

Problema crítico de salud pública

“Lejos de ser un tema que parecería solo de movilidad, los siniestros viales se han convertido en un problema crítico de salud pública, que compromete la sostenibilidad del sistema sanitario nacional y genera un alto costo para el Estado.

“No se trata de hechos aislados en las carreteras, sino de eventos prevenibles que trasladan una enorme presión a hospitales, centros de salud, personal médico, servicios de emergencia y presupuestos públicos”, señaló Gladys Meléndez, vocera de la Coalición Movilidad Segura.

Alto costo para el Erario nacional

De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, la atención de salud a víctimas de siniestros viales en Ecuador implica un costo aproximado de USD 280 millones anuales. De ese total, USD 201 millones (70 %) corresponden a atención médica —a través de la Red Pública Integral de Salud y la red privada complementaria—, mientras que USD 61 millones se destinan a compensaciones, pensiones y transferencias, y USD 18 millones a costos administrativos públicos.

Alarma en 10 provincias

La siniestralidad vial sigue mostrando una dimensión alarmante en el país.

Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, en 2025 se registraron 20.346 siniestros viales que dejaron 17.932 personas lesionadas y 2.354 fallecidas en el lugar del siniestro.

De conformidad con esos datos, existe la evidencia de que la problemática está mayoritariamente concentrada en solo 10 provincias ecuatorianas: Pichincha, Guayas, Santo Domingo, Tungurahua, Manabí, Azuay, Los Ríos, Santa Elena y El Oro, con el 90,05 % de todos los siniestros a escala nacional.

Seguridad vial es igual a salud pública

“Los siniestros viales no solo ocurren en las vías; también se atienden en salas de emergencia, quirófanos, camas hospitalarias y procesos de rehabilitación que pueden extenderse por meses o años. Por eso, hablar de seguridad vial es también hablar de salud pública, de uso eficiente de recursos y de protección a las familias ecuatorianas”, agregó Meléndez.

Respuestas focalizadas

La información levantada para enero de 2026 muestra, además, que la mayor concentración de atenciones médicas y eventos por siniestros viales se registra en Quito, Guayaquil, Tungurahua, Chimborazo, El Oro, Sucumbíos, Los Ríos y Azuay, lo que evidencia la necesidad de respuestas focalizadas en los territorios con mayor carga sanitaria y mayor recurrencia de estos hechos.

Este problema exige solución prioritaria

“Invertir en seguridad vial también es invertir en salud. Reducir los siniestros significa salvar vidas, evitar lesiones graves y liberar recursos del sistema sanitario que hoy deben destinarse a atender una crisis prevenible.

“En este Día Mundial de la Salud, el llamado es a que la seguridad vial sea tratada como una prioridad de salud pública, con acciones integrales de prevención, control, fiscalización, educación y fortalecimiento de la atención post siniestro”, concluyó Meléndez.

Sobre la Coalición por la Movilidad Segura: Iniciativa colaborativa creada en 2022 que reúne a más de 60 organizaciones y actores de la sociedad civil, que trabajan por una movilidad segura y sostenible, y por la prevención de muertes y lesiones causadas por siniestros de tránsito.

Sobre TANDEM: Organización de sociedad civil que promueve puentes de diálogo entre la ciudadanía y las autoridades. Trabaja por la construcción de ciudades sanas y seguras, y desde ese enfoque impulsa la incidencia en políticas públicas de seguridad vial y movilidad sostenible.

FUENTE: Boletín firmado por Ligia Cueva, y remitido a REVISTA DE MANABÍ por medio de Diana Serrano, coordinadora de comunicación de Icare Comunicación (Quito, Ecuador).