El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) posesionó hoy a Thania Rosa Moreno Romero en el cargo de fiscal general subrogante, en cumplimiento a lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial. Ocurrió en Quito, durante una sesión extraordinaria del Consejo.
El presidente del CJ, Gustavo Jalkh, fue el encargado de tomar el juramento a Moreno, quien, según la última evaluación realizada por la Judicatura, obtuvo el puntaje más alto (98,5/100) en la categoría de la carrera fiscal.
Jalkh explicó que es la primera ocasión que se aplica la norma constitucional que establece que el fiscal mejor evaluado debe ser quien reemplace al fiscal general en el caso de ausencia temporal.
En este contexto, auguró éxitos a las nuevas autoridades de la Fiscalía, que estarán en funciones hasta el año 2023. Además comprometió el apoyo del Consejo de la Judicatura en la lucha contra la corrupción y la impunidad y en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
Thania Moreno, con estudios de doctorado en Jurisprudencia, quien hasta hace unos días se desempeñaba como fiscal provincial de Pichincha, indicó que en sus nuevas funciones continuará combatiendo la impunidad, tarea que -recordó- la ha efectuado por más de 17 años en casos relacionados con violencia de género, trata de personas y delincuencia organizada transnacional e internacional.
En la ceremonia estuvieron el nuevo fiscal general Carlos Baca Mancheno, autoridades y funcionarios de la Fiscalía y del Consejo de la Judicatura.
Reformas legales por pensiones alimenticias
En otro tema, el titular del CJ se refirió a las reformas legales planteadas por el Ejecutivo para modificar el pago de pensiones alimenticias, así como las sanciones para quienes incumplen con estas obligaciones.
Aclaró que la norma actual no discrimina si una persona está en condiciones de pagar la pensión, porque perdió su trabajo o por enfermedad; por lo que, en caso de incumplimiento, debe someterse a una medida de apremio (prisión). Aseguró que frente a esta situación, el debate legislativo de las reformas propuestas debe tomar en cuenta el interés superior del niño, pero también las circunstancias para que el alimentante pueda cumplir con sus obligaciones.
De acuerdo a lo que explicó, actualmente la mayoría de padres pagan las pensiones que les corresponde, “ya sea por la medida de apremio o porque la norma simplemente es más estricta”.
Según afirmó, anualmente se recaudan cerca de 500 millones de dólares por concepto de pensiones alimenticias y son 770 mil niños y adolescentes los beneficiados. Hay apenas 800 padres que en un mes no han cumplido con su obligación y tienen medidas de apremio.
REVISTA DE MANABÍ 