La siguiente opinión, escrita por alguien inmerso en el ámbito de la producción agrícola ecuatoriana, resume la carencia de políticas estatales orientadas al sector y la imposición de algunas medidas gubernamentales contrarias al fomento productivo.

Por Gledin Dumes Rivera*

El artículo 281 de la Constitución Política de la República del Ecuador, establece que la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado, con el fin de garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente.

Para cumplir con esta responsabilidad estatal, se señalan múltiples y ordenados objetivos de carácter agrario, ambiental y alimentario.

Este importante cometido, en el cual deben funcionar armónicamente los elementos del desarrollo sostenible, tiene como base fundamental o factor prioritario de partida la normativa de políticas públicas.

En este contexto, entre las atribuciones del ministro de Agricultura, además de las establecidas en la ley, se encuentra ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas necesarias para su gestión.

El sector agropecuario, en general, se encuentra en una absoluta indefensión debido a la carencia de políticas públicas por parte del presidente de la República, Daniel Noboa, y del órgano rector, el Ministerio de Agricultura. Desde el año 2018 hasta el 2025, el sector ha atravesado los peores años de su historia reciente.

Durante este período se han enfrentado múltiples dificultades: la pandemia de COVID-19 (que se extendió desde noviembre de 2019 hasta 2022), los bajos precios mínimos de sustentación, los desastres naturales (como las inundaciones en diferentes partes del país), el elevado costo de los insumos y fertilizantes, la falta de mecanismos preferenciales de financiamiento para pequeños y medianos productores, la escasez de medios de producción y la carencia de semillas con alto potencial de germinación y rendimiento.

Hoy, en Ecuador, en el ámbito de la comercialización del rubro arrocero, los mercados nacionales se encuentran saturados debido a una cosecha acumulada de arroz. Las industrias arroceras se aprovechan de los pequeños y medianos productores, pagándoles precios bajos. La parte gubernamental, debido a su gestión ineficiente, no ha podido controlar esta situación.

Los ministerios encargados de las políticas públicas agropecuarias y de comercio exterior, no han establecido los mecanismos, ni las condiciones necesarias, para fomentar las exportaciones con el fin de acceder a mercados internacionales, considerando que los agricultores ecuatorianos han demostrado ser excedentarios en la producción de arroz.

El presidente de la República no ha establecido políticas arancelarias orientadas a la protección del mercado interno para eliminar la importación de alimentos que pueden producirse en el país; y tampoco ha prohibido el ingreso de aquellos alimentos que no cumplan con las normas de calidad, producción y procesamiento establecidas en la legislación nacional.

A esto se suma la eliminación del subsidio al diésel, lo que ha provocado un aumento significativo en los costos de producción del sector agropecuario. El Gobierno nacional ha afirmado haber implementado medidas de compensación, como el Bono Raíces para agricultores y la promesa de créditos a través de BanEcuador; sin embargo, la efectividad de estas acciones ha sido insuficiente o nula, quedando solo en promesas incumplidas.

Por todos estos factores, el impacto económico negativo sobre la economía agropecuaria ha sido significativo y sostenido.

* Gledin Gledito Dumes Rivera, técnico industrial y abogado. Especialista en políticas públicas agropecuarias y crediticias. Nacido en Daule (provincia del Guayas), Capital Arrocera del Ecuador, es coordinador general de la Cooperativa de Producción Arrocera «LUZ PARA LA UNIÓN».