“La descentralización nació para acercar el poder a la gente, no para convertir a los municipios en simples oficinas administrativas. Centralizar el presupuesto, la inversión y la planificación equivale a debilitar la democracia local, poner en riesgo la soberanía alimentaria y erosionar el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio territorio.”
JORGE LUIS BOWEN LOOR*
Las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), junto con la ley orgánica urgente para la inversión en obra pública y eficiencia en el gasto local enviada por el Ejecutivo el 1 de febrero, no constituyen simples ajustes técnicos. Se trata de un cambio estructural en la planificación territorial y en el modelo de descentralización, con implicaciones profundas para la autonomía de los municipios y los derechos de sus habitantes.
El eje central de estas reformas es el manejo del presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). La obligación de destinar hasta el 70 % del presupuesto municipal a inversión pública, lejos de fortalecer el desarrollo local, condiciona la autonomía financiera y redefine quién decide, cómo y para quién se invierte. Cuando la inversión se orienta de forma obligatoria a esquemas como las alianzas público-privadas, el municipio deja de ser un ente decisor y se convierte en un administrador de recursos ajenos, subordinado a lineamientos definidos desde el Ejecutivo.
Esta lógica vacía de contenido el principio constitucional de descentralización. La autonomía no consiste únicamente en administrar trámites, sino en planificar el territorio conforme a las necesidades reales de su población. Si la planificación local debe ajustarse a marcos superiores impuestos —vinculados a acuerdos internacionales, agendas supranacionales o intereses de grandes inversionistas— el poder político se recentraliza sin necesidad de eliminar formalmente a los GAD.
Especial preocupación generan las disposiciones relacionadas con la legalización de asentamientos humanos. Bajo un lenguaje aparentemente social, se abren mecanismos de control territorial que pueden debilitar el derecho pleno a la propiedad. Legalizar no debe significar condicionar, limitar o someter a los habitantes a figuras precarias de tenencia. El riesgo es pasar de ciudadanos propietarios a simples habitantes tolerados, dependientes de decisiones administrativas futuras.
En el ámbito ambiental, la sustitución de la licencia por una simple autorización representa una reducción de los controles previos, facilitando proyectos de gran escala sin suficientes garantías de protección del entorno natural. En territorios donde la presión económica es fuerte, esta flexibilización puede traducirse en decisiones discrecionales y en la pérdida de capacidad real de defensa ambiental por parte de los gobiernos locales.
Estas reformas no actúan de forma aislada. Se articulan con otros proyectos normativos en educación, empleo y planificación productiva, configurando un modelo donde la formación, el trabajo y el territorio se alinean a las necesidades del capital privado. El resultado no es desarrollo autónomo, sino dependencia económica y concentración de los factores de producción.
La descentralización nació para acercar el poder a la gente, no para convertir a los municipios en simples oficinas administrativas. Centralizar el presupuesto, la inversión y la planificación equivale a debilitar la democracia local, poner en riesgo la soberanía alimentaria y erosionar el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio territorio.
Este no es un debate ideológico, sino constitucional y democrático. La población debe informarse y exigir que cualquier reforma territorial fortalezca la fiscalización y las auditorías —y no anule— la autonomía, la propiedad y el desarrollo decidido desde lo local.
* Jorge Luis Bowen Loor, licenciado en Ciencias de la Información y máster en Comunicación Empresarial y Corporativa. Es ciudadano de la provincia de Manabí (Ecuador), pero hizo sus estudios universitarios en España, donde reside actualmente. Su ejercicio profesional inició en algunas radioemisoras manabitas, en Portoviejo y Manta.
REVISTA DE MANABÍ 