POR: JORGE LUIS BOWEN LOOR

Periodista Jorge Luis Bowen Loor.

La transformación digital ha democratizado el acceso a la palabra, pero también ha normalizado una peligrosa confusión: equiparar la popularidad en redes sociales con la solvencia intelectual, ética y técnica para ejercer la función pública.

Hoy es frecuente observar cómo figuras digitales adoptan la etiqueta de «comunicadores» para revestirse de legitimidad institucional, omitiendo que el periodismo y la comunicación estratégica exigen rigor metodológico, verificación y responsabilidad ulterior (Constitución de la República del Ecuador [CRE], art. 18; Ley Orgánica de Comunicación).

Mientras el influencer opera bajo la lógica del algoritmo y la viralidad inmediata, la gestión pública demanda planificación, sustento jurídico y rendición de cuentas.

En el plano cognitivo y normativo, reproducir contenidos ajenos sin análisis ni reconocimiento de autoría —propio de la cultura del «copiar y pegar»— erosiona el pensamiento crítico y vulnera la propiedad intelectual tutelada por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Más grave aún es trasladar esa superficialidad al gobierno. Como advierte la sociología de la administración pública (Weber, 1922/2014), la visibilidad carismática o mediática no sustituye la competencia técnica racional-legal.

En Ecuador, el artículo 61.7 de la Constitución reconoce el derecho a desempeñar funciones públicas con base en méritos y capacidades, mientras el artículo 227 exige eficacia, eficiencia, calidad, planificación y evaluación.

Esta distinción es crítica para la gobernabilidad de Manta. Administrar un cantón que es polo portuario, pesquero, turístico e industrial no equivale a gestionar una comunidad virtual.

Dirigir un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) implica ejecutar presupuestos complejos, cumplir estrictamente la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y resolver déficits estructurales en agua potable, saneamiento, movilidad y seguridad.

Un error administrativo por improvisación no se corrige editando una publicación: acarrea responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales determinables por la Contraloría General del Estado.

Asimismo, la máxima autoridad cantonal cumple un rol determinante en la iniciativa normativa, sanción, interpretación y ejecución de las ordenanzas municipales.

Conforme al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, arts. 57, 60 y 322), las ordenanzas son normas jurídicas de carácter general y obligatorio que regulan el uso de suelo, los tributos locales y la convivencia ciudadana.

Interpretar y aplicar estas disposiciones en beneficio del bien común exige criterio jurídico, ponderación de derechos y comprensión socioeconómica de los sectores mantenses —comerciantes, pescadores, transportistas y barrios—, evitando tanto la arbitrariedad como el populismo.

La democracia garantiza el derecho universal a elegir y ser elegido, pero el fortalecimiento institucional exige ciudadanía crítica.

Manta no necesita autoridades gobernando para el aplauso del algoritmo, sino administradores con formación, capacidad técnica y solvencia jurídica para garantizar seguridad y desarrollo sostenible.

¡Por un nuevo Ecuador!

© 19.11.2026 – jorgebowen@hotmail.es