Una vuelta más al torno de la compresión portuaria de Manta. Este día, miércoles 12 de octubre de 2016, se ha hecho público un manifiesto que aporta razones para oponerse a que Autoridad Portuaria de Manta (APM) delegue la gestión de su puerto marítimo a la empresa privada chilena Agencias Universales, S. A. (AGUNSA). El documento lo distribuyó, mediante correo electrónico, la Cámara de Comercio local y al pie firma el Comité Cívico Interinstitucional de Manta (CCIM), entidad encabezada por dicha cámara y conformada por representantes de gremios empresariales, profesionales de diversas disciplinas y algunos periodistas de opinión.
Entre aquellas razones, el CCIM anota que Agunsa solo se propone dragar el puerto hasta los 12 metros de profundidad que tiene ahora y no a los 16 que necesita para recibir buques portacontenedores de este calado. El canon de arrendamiento que propone es de apenas 280 mil dólares anuales durante 40 años, sin reajustes inflacionarios. El canon variable lo fija en solo 28 centavos de dólar por tonelada métrica (Ejemplo: si la concesionaria llegase a facturar 11 millones de dólares en el lapso de los 40 años, únicamente pagaría a Portuaria 400 mil dólares; pero el puerto de Manta factura hoy 8 millones de dólares por año).
“De acuerdo con los informes financieros de Autoridad Portuaria de Manta, desde el 2007 al 2015, hubo un incremento en toneladas del 35%, por lo que si se transforma en una empresa pública, con los ingresos que ya percibe, más los créditos que pudiera conseguir, tendría los recursos que le permitirían hacer todas las mejoras que se requieran y transformarse en el puerto internacional que todos deseamos y responder a la visión de la matriz productiva que impulsa el actual vicepresidente de la república Jorge Glas Espinel.” (Sic) Así reflexiona el CCIM. Y añade:
“No se refleja inversión, durante los primeros 31 años, AGUNSA invertiría $ 74´735.314,00 y lo que percibiría el Puerto de Manta por sí solo, serian $ 160´000.000,00, favoreciendo con una notable diferencia a favor de la concesionaria. A partir del año 32 al 40 debería invertir la diferencia de la propuesta total, que es de: $ 169´220.095,00; bien pudieran en cualquier momento rescindir el contrato, pagar una penalidad que aún no está estipulada, pero que seguramente sería bastante baja y no completar el monto de la inversión ofertada.” (Sic)
El CCIM también reprocha que APM haya concedido cuatro prórrogas para que Agunsa pudiera presentar su oferta final, además de haber modificado las bases de la licitación en la última.
“Entre las modificaciones lesivas al interés público se encontraba el de la cesión de acciones, indicando que los propietarios de las acciones de la Sociedad Gestora podrán transferir o ceder libremente sin restricciones sus acciones. Esto se podría prestar para algún mecanismo de triangulación societaria.”
“También se observó en la administración de Kevin Lazo, el monto del Capital Social, se recomendó que mínimo deberían ser de $35´000.000,00 y en la reforma se autoriza que este sea de tan solo $13´000.000,00 (circular modificatoria No 0042016-APM), es increíble que una empresa administre bajo delegación cuando su capital representa menos del 10% del patrimonio concesionado.” (Sic)
“Con relación al repechaje, en que se indica que AGUNSA puede mejorar la oferta, si en el plazo de 15 días se recibiera otra mejor propuesta. El reglamento interno de las APP (Alianzas Públicas-Privadas), fue publicado el 29 de junio del 2016 y los pliegos fueron elevados en abril, por lo que la retro actividad no aplica en este caso. Los oferentes no han querido participar, porque leen las bases y se dan cuenta que está dirigido a favorecer a AGUNSA, que goza de 10 puntos por el solo hecho de haber presentado la propuesta.” (Sic)
El CCIM repara en una contradicción estatal, cuando al modificarse las bases licitatorias cargan a APM los costos de reparaciones en los daños causados al puerto por el terremoto de abril de este año, mientras que antes el presidente Rafael Correa se había pronunciado porque ese costo lo asuma la concesionaria.
El CCIM también advierte del alto costo que significará a Portuaria pagar indemnizaciones a los 200 servidores que serán despedidos al entrar en vigencia la concesión del puerto al operador privado.
Finalmente, el CCIM recrimina el hecho de que se haya pretendido condicionar la prórroga del plazo para presentar nuevas ofertas de concesión, obligando a sus miembros a renunciar al derecho constitucional de participar en la próxima contienda electoral ecuatoriana y a pagar un lucro cesante a APM si el Comité no conseguía otro oferente mejor que Agunsa, durante el plazo prorrogado. Y remata pidiendo el archivo del proceso licitatorio en marcha.
FUENTE: Manifiesto público del CCIM.- MANTA, 12 de octubre de 2016.
REVISTA DE MANABÍ 