La información en los medios de comunicación de más amplia audiencia era presentada con aquel sesgo de parcialidad, intentando hacer creer que el bueno de la película es quien dictó el paquetazo y que el villano es el pueblo movilizado en las calles reclamando sus derechos.

José Risco Intriago* / Manta / 16-10-19

Muchos periodistas ecuatorianos parecen estar poseídos por el síndrome de los mandatarios y funcionarios públicos: “tengo el poder en mis manos y estoy por encima de todos los demás”. Esto, suponen ellos, los hace inmunes a la opinión ajena y al efecto de la ley, de manera que pueden proceder a gusto según su propio criterio y voluntad. Nadie inferior a ellos puede contradecirlos ni objetarlos.

Con semejante creencia no es de extrañarse que sucumban fácilmente a la tentación de volverse prepotentes, arrogantes y autoritarios. Y así, el mandatario y el funcionario público tratan de imponer su voluntad, aunque esté errada y sea injusta; mientras el periodista hace a un lado su obligación ética de imparcialidad e informa de los hechos tomando partido según su conveniencia o la conveniencia del medio para el que trabaja.

Lo hemos visto y constatado en el transcurso de las protestas callejeras en contra de la subida de precio a los combustibles y otros ajustes económicos que el Gobierno ecuatoriano de turno pretendía imponernos. No se dio cobertura a todas las manifestaciones populares ocurridas en el país y la culpa del malestar y sus consecuencias era endilgada únicamente a quienes hacían las protestas -y a los oportunistas infiltrados en ellas-, pero no a quien dictó el paquetazo sin consensuarlo previamente con los sectores de la población que serían mayormente golpeados, y que, además, debió rectificar tan pronto el país quedó semiparalizado.

Es oportuno recordar que el Estado es únicamente la representación clásica del pueblo que hace a un país y que es el mandante primigenio y auténtico. Sus mandatarios, de cualquier nivel, igual que los subordinados de estos, tienen el deber cívico, legal y moral de beneficiar a ese pueblo, no de ignorarlo y menos de ultrajarlo. Más aún si, como en el caso que nos ocupa y fue evidente, el reclamo provenía de la mayor parte de la sociedad ecuatoriana.

La información en los medios de comunicación de más amplia audiencia era presentada con aquel sesgo de parcialidad, intentando hacer creer que el bueno de la película es quien dictó el paquetazo y que el villano es el pueblo movilizado en las calles reclamando sus derechos. Algunos reporteros de televisión fueron vistos y filmados retirando el micrófono a cuanta persona entrevistada difería, con sus opiniones, de la información oficial.

Todo el daño infligido al Ecuador durante los 11 días de la perturbación social pudo evitarse con solo derogar a tiempo el decreto 883 que causó el malestar. Claro que hubiese sido preferible no dictarlo sin antes pulirlo con la participación de quienes representan a los segmentos de la población que vimos en las calles. Pero la porción del periodismo ecuatoriano más poderoso no consideró esto, sino que azuzó, con sus informaciones, omisiones y comentarios sesgados, a que el conflicto escalase hasta el nivel lamentable al que llegó.

Pienso que ha llegado el momento de que esa parte del periodismo ecuatoriano reconozca su mea culpa y rectifique de hoy en adelante. Y que, en general, todo el periodismo haga la firme promesa de no apartarse nunca más de su sencilla y noble misión de informar y orientar con sapiencia y honestidad, aunque esto moleste a los actores que se salen del guion.

(Actualizado el día domingo 20 de octubre del 2019)

* Director de REVISTA DE MANABÍ.
Anuncios