CNE recibirá de Judicatura datos de personas con interdicción judicial

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, durante la suscripción del convenio de cooperación informativa con el director general del Consejo de la Judicatura, Pedro Crespo./ CJ Quito

El director general del Consejo de la Judicatura (CJ) del Ecuador, Pedro Crespo, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, el día miércoles 1 de julio del 2020 compartieron mesa de trabajo y firmaron el Convenio de Cooperación Interinstitucional de Interoperabilidad.

Este evento contó con la presencia de los vocales del CJ, Juan José Morillo y Fausto Murillo, así como del director nacional de Gestión Procesal, Henry Arcos.

Morillo explicó que el objeto de este acuerdo es establecer vínculos de cooperación, coordinación y participación interinstitucional entre las dos entidades a fin de desarrollar temas de interés común, específicamente en la entrega de información que requiere el CNE.

Provisión de datos de personas con interdicción judicial

Según el convenio, el CJ proveerá al CNE la base de datos de personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y ejercer de testaferro; así como lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada.

También se proporcionará las bases de datos de quienes adeudan pensiones alimenticias y de las juezas y jueces de la Función Judicial. “Esta información es de mucha importancia para el proceso electoral que se avecina y para la próxima inscripción de candidaturas. Es importante que el Consejo Nacional Electoral cuente con esta información de primera mano, actualizada y en línea”, indicó Morillo.

De su parte, el director general del CJ, Pedro Crespo, manifestó que este convenio constituye un avance en el trabajo colectivo en beneficio de la ciudadanía y la democracia.

Herramienta básica para depurar padrón electoral

En esta misma línea, Diana Atamaint consideró que este instrumento es uno de los pasos importantes para lograr un proceso electoral transparente, ya que “será la herramienta básica para depurar el padrón electoral”. 

El convenio tiene una duración de cuatro años y se realiza con base en el artículo 21 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador – Código de la Democracia y el artículo 30 del Código Orgánico de la Función Judicial, que disponen la colaboración entre autoridades.

FUENTE: Consejo de la Judicatura del Ecuador (Quito), mediante boletín y foto con firma de su Dirección Nacional de Comunicación.