Esta vez el sancionado es un juez de garantías penales con asiento en la ciudad de Chone, provincia de Manabí. Lo acusa una compañera suya de trabajo.

En cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales, el Consejo de la Judicatura (CJ) del Ecuador suspendió en sus funciones, durante tres meses y sin sueldo, al juez F.H.A.Z. que forma parte del Tribunal de Garantías Penales de Chone, provincia de Manabí, por presunto acoso sexual laboral contra una servidora judicial.

La denuncia

El 18 de julio del 2025, una funcionaria presentó la denuncia formal y señaló que el juzgador le envió a través de WhatsApp un video de contenido sexual explícito, acompañado de expresiones ofensivas y misóginas.

La denunciante también indicó que, al reclamar al juez por su comportamiento, recibió comentarios intimidatorios.

Según el testimonio, este material habría sido difundido a otros funcionarios del Complejo Judicial de Chone, afectando gravemente su integridad personal y profesional.

Justificación para sancionar

Frente a estos hechos, el análisis jurídico realizado en torno al caso determinó que existen elementos suficientes para suspender en sus funciones al juez, conforme lo establece el artículo 269, numeral 5, del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), y el artículo 50 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria.

Cabe señalar que el Consejo de la Judicatura, como órgano competente, puede suspender a un juez conforme al artículo 269.5 del COFJ, siempre que existan indicios de infracciones graves o gravísimas.

El CJ indica que la adopción de la medida preventiva de suspensión temporal busca que se desarrolle una investigación imparcial y exhaustiva, sin que el funcionario acusado pueda influir en el proceso o en la víctima, mientras se determinan las responsabilidades correspondientes.

Segundo caso en un mes

Como este viene a ser el segundo caso de un juez incriminado de acoso sexual a una compañera de trabajo en este mes de julio/2025, el Consejo de la Judicatura ha reiterado su promesa de proteger los derechos de quienes trabajan para la Función Judicial ecuatoriana, erradicar todo tipo de violencia en el entorno laboral y hacer prevalecer el respeto irrestricto a los principios de ética y probidad en la administración de justicia.

Y añade que continuará actuando con firmeza, y en el marco de la ley, para garantizar un sistema judicial íntegro, libre de prácticas que vulneren la dignidad humana.

FUENTE: Boletín emitido por la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura (Quito, Ecuador) y enviado a REVISTA DE MANABÍ por medio del periodista Jonathan Gines, corresponsal en Portoviejo para esa dependencia institucional.