Cambios esenciales ha generado en la gestión de justicia, la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional.

Con el fin de hacerlos operativos, el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) reformó, el día 23 de julio del 2025, las resoluciones 190-2021 y 061-2022, relacionadas con la creación de las dependencias especializadas en el juzgamiento de la corrupción y el crimen organizado.

Al tenor de dicha reforma se incluyen varios cambios normativos, entre los que constan los siguientes:

Denominación

En adelante, Unidad, Tribunal y Sala pasan a especializarse para juzgar, no solo de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, sino también con el conflicto armado interno.

Delito

En el anexo 1 de la Resolución 190-2021, el CJ incorpora el tipo penal denominado “Pertenencia a grupo armado organizado del conflicto armado interno”, que se creó en la Ley de Solidaridad Nacional. 

Delitos conexos

En el mismo anexo, el CJ incluye 25 delitos conexos que tienen relación con la figura penal arriba mencionada.

Así, se amplía la competencia de los jueces especializados, quienes podrán juzgar con la nueva figura penal en referencia (tipificada en el artículo 139.1 del Código Integral Penal) y sus delitos conexos.

Adecuación de normativa interna

Mediante la reforma a las dos resoluciones que crearon las dependencias judiciales especializadas, el Consejo de la Judicatura adecúa su normativa interna a lo previsto en la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que, a su vez, reformó el Código Integral Penal y Código Orgánico de la Función Judicial.

Tal actualización, según el CJ, permitirá alinear la estructura judicial con los nuevos desafíos penales y garantizar una justicia efectiva, especializada y acorde al mandato legal vigente.

FUENTE: Boletín emitido por la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura (Quito, Ecuador) y enviado a REVISTA DE MANABÍ por intermedio del periodista Jonathan Gines, corresponsal en Portoviejo para esa dependencia institucional.