El pasado 19 de marzo del 2025 colapsó el puente “Gonzalo Icaza Cornejo”, dejando incomunicadas a cientos de familias del Cantón Daule. Se trata de una infraestructura vital que conectaba la Parroquia Urbana Magro con el Cantón Nobol, así como el Plan América y las más de 35 comunidades del Sistema de Riego y Drenaje América Lomas.

Esta tragedia ha generado una crisis de movilidad sin precedentes, que afecta gravemente la calidad de vida, la economía local y el acceso a derechos fundamentales, como la educación.

Antes del colapso, la compañía de transporte urbano de pasajeros LOJASTRANS, S.A., operaba la ruta Daule-Magro, cubriendo los recintos de nuestra jurisdicción y garantizando el transporte de los habitantes, especialmente de estudiantes que diariamente se trasladan a los establecimientos educativos en la cabecera cantonal de Daule. Sin embargo, tras la pérdida del puente, esta empresa no ha podido retomar sus operaciones debido a restricciones impuestas por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), lo que ha dejado a nuestra población sin opciones viables de transporte público.

Impacto económico y social

La falta de transporte afecta directamente la economía de las familias, muchas de las cuales dependen de actividades agrícolas y comerciales que requieren movilizarse hacia Daule u otros centros urbanos; y, ante la imposibilidad de trasladar productos al mercado, acudir a sus lugares de trabajo o realizar gestiones esenciales, está generando pérdidas económicas significativas, agravando la vulnerabilidad de una población ya golpeada por la emergencia.

Cuando el puente se hallaba funcionando. / FUENTE: Imagen proporcionada por Gledin Dumes Rivera / Daule

De manera particular, esta crisis tiene un impacto devastador en niños, niñas y adolescentes de uno y otro género, a quienes se les presentaron serias dificultades para asistir a clases. Con el inicio del año escolar 2025, interrumpieron su educación, un derecho consagrado en la Constitución de la República del Ecuador y en los tratados internacionales de derechos humanos.

Esta situación es especialmente crítica para los grupos de atención prioritaria, como menores de edad, cuyas familias no cuentan con recursos para costear transporte privado o soluciones alternativas.

Gestiones previas y respuesta insuficiente

Conscientes de la urgencia, las dirigencias (comunitaria y agropecuaria) han realizado múltiples gestiones ante la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), solicitando un plan de contingencia que permita a la cooperativa de transporte urbano LOJASTRANS, S.A., retomar su operación a través del desvío por el bypass Daule-Nobol.

Pero, lamentablemente, el director provincial de la ANT en Guayas ha indicado que no es viable nuestro requerimiento, argumentando que otras operadoras intraprovinciales ya cubren las rutas autorizadas; sin embargo, estas operadoras no llegan a los recintos más alejados de nuestra jurisdicción, dejando a nuestras comunidades en un estado de abandono.

Así se veía el puente durante las noches. / FUENTE: Imagen remitida por Gledin Dumes Rivera / Daule

Asimismo, la ANT ha señalado que las competencias de regulación del transporte terrestre recaen en los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), conforme a lo establecido por el GAD del Cantón Daule. Pero, hasta la fecha, no se ha recibido una respuesta efectiva por parte de las autoridades locales, lo que agrava la emergencia y prolonga el sufrimiento de nuestra población.

El presidente Daniel Noboa estuvo en Daule el 14 de octubre del presente año, y ni el alcalde del cantón, Dr. Wilson Cañizares, ni otros políticos de la localidad le preguntaron o mencionaron nada al primer mandatario con relación a la construcción del puente.

Dicho proyecto forma parte de la red vial estatal, y la responsabilidad del control de pesos y medidas recae en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como único ente responsable de la Red Vial Estatal.

La delegación conferida al Gobierno provincial del Guayas se refiere únicamente a la construcción y mantenimiento de vías (Hasta donde tengo conocimiento, no existe delegación expresa respecto al control de pesos y medidas).

Por su parte, la prefecta del Guayas, a través de los medios de comunicación, ha manifestado que el Gobierno nacional no ha asignado los recursos económicos necesarios para que la Prefectura del Guayas, como ente ejecutor de obras en la provincia, pueda realizar las obras prioritarias y necesarias en la provincia más productiva del país, Guayas.

FUENTE: Información proporcionada por el abogado Gledin Dumes Rivera (Daule, Ecuador), articulista de opinión que ocasionalmente colabora con REVISTA DE MANABÍ.