Oportuno razonamiento luego de que la Asamblea Nacional de la República del Ecuador aprobara, definitivamente, la ley que regula el tratamiento del cáncer en todas sus manifestaciones y en todos los niveles donde se administra la salud, tanto pública cuanto privada.
JORGE LUIS BOWEN LOOR*
La Asamblea Nacional aprobó (este 4 de febrero de 2026) la Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer con 142 votos. La cifra impresiona y el consenso político parece histórico. Sin embargo, en un país donde muchas leyes nacen para ser archivadas en el olvido, el verdadero desafío no fue levantar la mano, sino asumir la responsabilidad que esa votación impone.
Durante años, el cáncer en Ecuador no solo fue una enfermedad, sino una condena agravada por el abandono estatal. Diagnósticos tardíos, tratamientos interrumpidos, medicamentos inexistentes y familias empobrecidas por la burocracia marcaron una realidad conocida y repetida. No se trató de falta de conocimiento médico, sino de desorden institucional, prioridades equivocadas y una alarmante indiferencia frente al dolor ajeno.
Esta ley llega tarde para miles de personas que murieron esperando atención. Pero llega, y eso importa. Porque no promete milagros ni discursos emotivos: establece obligaciones. Prevención, detección temprana, tratamiento continuo, acceso a medicamentos; atención en salud mental y cuidados paliativos dejan de ser promesas de campaña y se convierten en derechos exigibles para toda la población.
Con este marco legal, el Estado pierde su argumento favorito. Ya no vale decir que no hay presupuesto, que el sistema colapsó o que el trámite está en proceso. La ley crea responsabilidades claras para el Ministerio de Salud, el IESS y toda la red pública de atención. Y donde hay obligación legal, debe existir control efectivo, sanción real y rendición de cuentas sin excepciones.
La aprobación de esta ley también pone a prueba la coherencia del sistema político. No basta con haber votado a favor ni con aparecer en la fotografía del consenso. Cada institución involucrada tendrá que demostrar que entiende el cáncer como un asunto de salud pública prioritaria y no como una estadística incómoda.
El Ministerio de Salud deberá planificar, el IESS deberá responder y los organismos de control deberán actuar sin cálculos ni silencios. Del otro lado, la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de exigir resultados, de no normalizar la demora ni aceptar la excusa como respuesta. Una ley que reconoce derechos no se agradece, se cumple. Y cuando no se cumple, se reclama. Solo así el texto legal dejará de ser una declaración de buenas intenciones y se convertirá en una herramienta real de justicia sanitaria.
También corresponde a la Asamblea ejercer el rol que suele abandonar después de legislar: fiscalizar. No como gesto político, sino como deber constitucional. El seguimiento a la aplicación de esta ley no puede depender de coyunturas ni de mayorías ocasionales. Informes periódicos, comparecencias públicas y resultados medibles deben ser parte del proceso.
La ley ya existe; ahora corresponde a las instituciones cumplirla con rigor y transparencia, y a la ciudadanía vigilar que no se diluya en la inercia burocrática. Porque cuando una norma reconoce derechos, su incumplimiento deja de ser un error y se convierte en una responsabilidad que debe ser asumida.
* Jorge Luis Bowen Loor, licenciado en Ciencias de la Información y máster en Comunicación Empresarial y Corporativa. Es ciudadano de la provincia de Manabí (Ecuador), pero hizo sus estudios universitarios en España, donde reside actualmente. Su ejercicio profesional inició en algunas radioemisoras manabitas, en Portoviejo y Manta.
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