La responsabilidad pública exige identificar a los responsables, no ocultarlos en la abstracción institucional.
JORGE LUIS BOWEN LOOR*
Ninguna autoridad está por encima de la ley
En democracia, ejercer el poder no es un privilegio ni un escudo político. Es un encargo temporal otorgado por la ciudadanía, condicionado al cumplimiento estricto de la Constitución, las leyes y los principios de transparencia. Quien toma decisiones públicas debe responder por ellas, siempre.
Nombres y apellidos: la rendición de cuentas real
Cuando un funcionario perjudica a una ciudad o a sus habitantes, no basta con hablar de errores administrativos o fallas del sistema. Las decisiones tienen autor, las firmas tienen responsable y los efectos recaen sobre la ciudadanía. La rendición de cuentas exige nombrar a los responsables, porque sin ello la justicia se vuelve simbólica y la impunidad prospera.
Nombrar a alguien no es condenarlo: es activar el control social y jurídico. La presunción de inocencia protege derechos, pero no justifica el silencio ni la opacidad.
La selectividad fiscaliza, la desigualdad erosiona
Uno de los mayores problemas es la fiscalización selectiva. Se investiga a unos funcionarios mientras otros quedan intocados, no por ausencia de indicios, sino por conveniencia política o cálculo institucional. Esta práctica erosiona la confianza ciudadana y vacía de sentido la igualdad ante la ley. Una norma aplicada de manera desigual deja de ser ley y se convierte en arbitrariedad.
Fiscalización permanente, no reactiva
La transparencia no puede depender de escándalos mediáticos o denuncias formales. La fiscalización debe ser permanente, preventiva y automática. Esperar a que el daño ocurra para actuar es renunciar al control del poder. Las instituciones tienen el deber de investigar de oficio, sin importar el cargo, la popularidad o la filiación política.
Silencio institucional = complicidad
Proteger la imagen de una autoridad frente a hechos verificables no es prudencia, es complicidad pasiva. Ninguna ciudad se perjudica porque se investigue a sus autoridades; se perjudica cuando no se actúa.
Función pública: responsabilidad reforzada
Quien administra recursos del Estado, toma decisiones o ejerce poder político debe rendir cuentas de forma clara y directa. Sin responsables identificados, no hay sanción posible, no hay reparación y no hay corrección. La democracia se defiende estableciendo límites al poder y exigiendo explicaciones claras.
Conclusión
La función pública no es un blindaje, es un mandato condicionado a la transparencia y la responsabilidad. Nombrar a los responsables con nombres y apellidos no es venganza: es memoria, justicia y límite al poder. Solo así la ley recupera su sentido y la ciudadanía su derecho a confiar en las instituciones.
* Jorge Luis Bowen Loor, licenciado en Ciencias de la Información y máster en Comunicación Empresarial y Corporativa. Es ciudadano de la provincia de Manabí (Ecuador), pero hizo sus estudios universitarios en España, donde reside actualmente. Su ejercicio profesional inició en algunas radioemisoras manabitas, en Portoviejo y Manta.
REVISTA DE MANABÍ 