El artículo de opinión que sigue tras el párrafo presente, reflexiona sobre la importancia del debate público para poner en claro ciertos actos administrativos concernientes a la gobernanza territorial. Concretamente alude a la revisión de la legalidad invocada para dar nuevo uso al terreno donde antes funcionó el Aeropuerto Reales Tamarindos de Portoviejo, acto puesto a consideración y sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador.
JORGE LUIS BOWEN LOOR*
10.03.2026
La reciente acción presentada ante la Corte Constitucional para revisar la legalidad de la ordenanza relacionada con los terrenos del ex aeropuerto Reales Tamarindos, ha vuelto a colocar en el centro del debate público un tema que trasciende lo estrictamente jurídico.
No se trata únicamente de la revisión de una norma municipal ni de una discusión administrativa. En realidad, lo que está en juego es el destino de un territorio que, por su historia, su ubicación y su potencial logístico, representa uno de los espacios estratégicos más importantes para la ciudad de Portoviejo y para la provincia de Manabí.
El recurso presentado ante la Corte Constitucional busca que el máximo órgano de control constitucional del país, determine si la ordenanza que regula el uso y la eventual comercialización de terrenos dentro de la antigua área aeroportuaria se ajusta al marco establecido por la Constitución.
La acción pública de inconstitucionalidad es un instrumento legítimo dentro del Estado de derecho y permite que los ciudadanos cuestionen normas cuando consideran que pueden vulnerar principios constitucionales o exceder competencias institucionales.
Desde esta perspectiva, la acción no debería interpretarse como un obstáculo para el desarrollo ni como un intento de confrontación política. Por el contrario, constituye un ejercicio democrático que busca que una instancia superior del sistema jurídico analice un asunto que tiene implicaciones territoriales, económicas y estratégicas de largo plazo.
El debate adquiere mayor relevancia cuando se considera el valor histórico y funcional que durante décadas tuvo el Aeropuerto Reales Tamarindos para la ciudad de Portoviejo. Esta infraestructura permitió conectar a la capital de Manabí con el resto del país, facilitando la movilidad institucional, el transporte de personas y el desarrollo de diversas actividades económicas. Más allá de su función operativa, el aeropuerto formaba parte de la estructura logística que articulaba el territorio provincial.
A este contexto se suma un elemento fundamental dentro del ordenamiento institucional ecuatoriano. El Estado ecuatoriano, a través del Gobierno nacional y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ha reafirmado su competencia exclusiva sobre la planificación, regulación y control de infraestructuras estratégicas como los aeropuertos y los puertos. Esta atribución responde a la necesidad de garantizar que estos sistemas se administren dentro de una visión integral de conectividad nacional, debido a su importancia para el desarrollo económico, la movilidad y la seguridad del país.
En consecuencia, cualquier decisión relacionada con una infraestructura aeroportuaria o con los terrenos donde esta ha funcionado históricamente, debe analizarse también a la luz de las competencias que la Constitución otorga al Estado central en materia de transporte y conectividad estratégica.
Las ciudades no se construyen únicamente a partir de decisiones coyunturales. Su desarrollo responde a procesos de planificación que deben proyectarse hacia varias décadas. En ese contexto, los grandes espacios urbanos que alguna vez albergaron infraestructura pública, suelen convertirse en territorios estratégicos cuya transformación requiere un análisis profundo y responsable.
El Reales Tamarindos posee características que lo convierten en un espacio singular dentro de la estructura urbana de Portoviejo. Se trata de una amplia superficie continua ubicada dentro de la ciudad, con condiciones físicas que durante años estuvieron vinculadas a la logística aérea. Estas características hacen que cualquier decisión sobre su destino tenga consecuencias que se proyectarán en el tiempo y que influirán directamente en la forma en que la ciudad se desarrollará en el futuro.
Por esta razón, el debate no puede limitarse únicamente a criterios administrativos o comerciales. Debe incorporar una reflexión más amplia sobre la planificación territorial, la protección de los activos estratégicos de la ciudad y la necesidad de preservar capacidades logísticas que pueden resultar fundamentales en escenarios futuros.
La experiencia internacional demuestra que los antiguos aeropuertos urbanos suelen convertirse en espacios cuya redefinición exige procesos de planificación de largo plazo. La razón es evidente: una vez que una infraestructura estratégica desaparece o que su territorio cambia de uso de manera definitiva, resulta prácticamente imposible recuperar esa función en el futuro.
Portoviejo enfrenta hoy una decisión que no solo pertenece al presente, sino al futuro de la ciudad. En ese escenario, la intervención de la Corte Constitucional puede contribuir a esclarecer el marco jurídico y a garantizar que cualquier decisión se adopte con pleno respeto a la institucionalidad y a las competencias establecidas por la Constitución.
El debate sobre Reales Tamarindos no debería convertirse en un factor de división para la sociedad portovejense. Por el contrario, debería abrir un espacio de reflexión sobre el tipo de ciudad que se quiere construir, sobre la importancia de proteger territorios estratégicos y sobre la responsabilidad colectiva de tomar decisiones que beneficien no solo a la generación actual, sino también a las que vendrán.
Cuando una ciudad analiza el destino de un territorio con la importancia histórica y estratégica de Reales Tamarindos, la prudencia institucional, el respeto al marco constitucional y la visión de largo plazo no representan un obstáculo para el desarrollo. Constituyen, más bien, las bases necesarias para construir un futuro equilibrado y sostenible.
* Jorge Luis Bowen Loor, licenciado en Ciencias de la Información y máster en Comunicación Empresarial y Corporativa. Es ciudadano de la provincia de Manabí (Ecuador), pero hizo sus estudios universitarios en España, donde reside actualmente. Su ejercicio profesional inició en algunas radioemisoras manabitas, en Portoviejo y Manta.
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