INTRODUCCIÓN: LA ILUSIÓN DE LA INCLUSIÓN EN EL ESTADO DE DERECHOS
La reciente reforma al sistema de información crediticia en la República del Ecuador ha abierto un debate profundo sobre la naturaleza del crédito y los límites del control financiero. En un Estado de Derechos y Justicia, donde la premisa fundamental dicta que el Estado somos todos, la inclusión financiera no puede ser un eufemismo para la bancarización forzosa ni para la explotación de las necesidades ciudadanas.
La nueva normativa, que permite incluir el pago de servicios básicos (luz, agua, telecomunicaciones) e impuestos en el historial crediticio de los ciudadanos, se presenta bajo la narrativa benevolente de ofrecer una «segunda oportunidad» a quienes han sido marginados del sistema o han tenido problemas de pago en el pasado. Sin embargo, detrás de esta flexibilización regulatoria se esconde una preocupación jurídica y técnica de carácter estructural: ¿está el sistema financiero midiendo la verdadera solvencia de las personas, o simplemente está construyendo un sofisticado mecanismo de clasificación y etiquetado socioeconómico?
I. EL ERROR TÉCNICO: CONFUNDIR CIVISMO DOMÉSTICO CON SOLVENCIA ECONÓMICA
Es esencial entender, desde la praxis financiera y el análisis de riesgo, que cumplir con los pagos de servicios básicos no demuestra que alguien tenga capacidad para asumir una deuda importante. Pagar una factura de luz o de agua potable es un acto de supervivencia y civismo doméstico; las personas priorizan estos pagos porque la alternativa es el corte inmediato de un servicio vital para sus hogares.
Por lo tanto, una factura de luz cancelada a tiempo no refleja los ingresos reales de una persona, ni su flujo de caja libre, ni su estabilidad económica a mediano plazo. Confundir la capacidad de pago de obligaciones cotidianas con la capacidad de pagar un crédito formal es un error técnico e interpretativo de proporciones significativas.
El verdadero análisis crediticio, alineado con las sanas prácticas que exige el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF), debería centrarse siempre en tres pilares inamovibles:
- Los ingresos reales comprobables del solicitante.
- Su estabilidad laboral o productiva.
- El porcentaje de endeudamiento preexistente (apalancamiento).
Sustituir estos pilares por el comportamiento ante los servicios públicos es desmantelar la rigurosidad técnica del análisis de riesgo.
II. EL RIESGO DE LOS DATOS Y LA AMENAZA A LA PRIVACIDAD (PROPORCIONALIDAD JURÍDICA)
Si bien la reforma tiene como objetivo loable incluir a personas sin historial crediticio previo, permitiéndoles mostrar su buen comportamiento ciudadano como una carta de presentación, esto jamás debe reemplazar la verificación de ingresos reales.
En este contexto, la protección de datos personales (amparada en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador) adquiere una relevancia crítica. La recolección de información por parte de los burós de crédito y las instituciones financieras debe regirse bajo los principios de necesidad, finalidad y proporcionalidad. No se puede recolectar información del comportamiento privado e íntimo de los ciudadanos de manera ilimitada y masiva.
Existe un riesgo latente de hipervigilancia financiera: que cada comportamiento cotidiano del ciudadano —desde retrasarse un día en la planilla de internet hasta el pago de una tasa municipal— se convierta en un dato punitivo que afecte o bloquee su acceso al crédito. El ciudadano no puede vivir bajo el yugo de un algoritmo que califica su moralidad doméstica.
III. LA RESPONSABILIDAD ASIMÉTRICA DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
Las instituciones financieras tienen la responsabilidad legal y ética de evaluar adecuadamente los riesgos antes de otorgar préstamos. En el derecho del consumidor, existe una profunda asimetría de poder entre el banco y el ciudadano. Si el sistema ahora solicita y permite una revisión tan exhaustiva, íntima y transversal del comportamiento financiero y doméstico del ciudadano, las entidades financieras están obligadas, en contraparte, a realizar una evaluación de riesgo doblemente rigurosa.
La flexibilización del crédito mediante indicadores superficiales (como el pago puntual del agua) genera un peligro sistémico: el sobreendeudamiento de las familias. Cuando los bancos otorgan créditos basados en ficciones estadísticas y no en la capacidad de pago real, se crea una ilusión de recuperación y dinamismo económico. Las personas consumen hoy con dinero que no han ganado, inflando artificialmente el Producto Interno Bruto (PIB) y las métricas de consumo formal. Pero este crecimiento es un espejismo: es una economía ficticia sostenida sobre una burbuja de consumo que, tarde o temprano, estallará cuando los ingresos reales no alcancen para pagar los intereses.
CONCLUSIÓN: PROTEGIMIENTO DEL FUTURO ECONÓMICO ECUATORIANO
Ecuador necesita, sin lugar a dudas, un sistema de información crediticia moderno, técnico, transparente y democratizado. Pero esta modernización no puede construirse a costa de confundir civismo doméstico con solvencia económica, ni utilizando las necesidades más básicas de la gente para inflar burbujas de consumo que solo benefician las hojas de balance del sector financiero.
El buró de crédito debe ser una herramienta técnica para calcular el riesgo financiero real, nunca convertirse en una fábrica de endeudamiento diseñada para sostener ficciones estadísticas del gobierno de turno o del mercado. Confundir la responsabilidad del hogar con la solvencia no es modernizar el sistema; es precarizar el futuro económico de los ecuatorianos y vulnerar el principio de que el Estado somos todos, y que todos merecemos oportunidades reales, estables y dignas.
© 29.08.2026 JORGE LUIS BOWEN LOOR – jorgebowen@hotmail.es
REVISTA DE MANABÍ 