POR: JORGE LUIS BOWEN LOOR

Periodista Jorge Luis Bowen Loor.

El campo Sacha (Bloque 60) es un activo estratégico del Estado ecuatoriano. Cualquier decisión sobre su operación exige información económica verificable y transparencia contractual para proteger el interés nacional y la rentabilidad pública.

El patrimonio público no es mercancía de liquidación. Los recursos del Estado no pertenecen al presidente de turno, a un ministro ni a la administración de Petroecuador. Por mandato constitucional, los recursos naturales no renovables son patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado.

Aunque la inversión privada puede aportar capital y tecnología, debe responder a una necesidad comprobable y generar mayores beneficios que una gestión pública eficiente. La cuestión central es qué gana Ecuador al modificar el modelo operativo de su campo más productivo.

El debate sobre su rentabilidad enfrenta dos posturas. Por un lado, David Almeida, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y el Petróleo (ANTEP), cuestiona delegar su operación a privados. Sostiene que Sacha ha mantenido un costo operativo cercano a USD 7 por barril y genera alrededor de USD 1.700 millones anuales de renta petrolera, frente a tarifas de operadoras privadas que estima entre USD 25 y USD 35 por barril.

Por otro lado, los reportes de Petroecuador a noviembre de 2026 sitúan la producción actual en unos 73.027 barriles diarios (cerca del 20 % del crudo estatal), y sectores técnicos advierten que evaluar la rentabilidad real exige incluir inversiones de capital, transporte, riesgos y recuperación secundaria. Esta brecha obliga a publicar estudios financieros auditados antes de decidir.

Conviene además no confundir procesos. En febrero de 2025, la adjudicación directa al consorcio Sinopetrol bajo contrato de participación (con una prima de USD 1.500 millones) no se concretó tras el rechazo legislativo y el incumplimiento del pago inicial.

Ese proceso difiere del acuerdo marco suscrito en noviembre de 2026 con Emiratos Árabes Unidos y la estatal ADNOC. Según el Ejecutivo, se prepara un contrato de servicios por 15 años (prorrogable por 5) con un anticipo de USD 300 millones y una inversión proyectada de USD 4.855 millones para elevar la extracción a 150.000 barriles diarios, manteniendo Petroecuador el control del yacimiento. Sin embargo, un anuncio oficial no sustituye la publicación del contrato, la tarifa por barril ni los mecanismos de control.

La Constitución ecuatoriana (artículos 313, 315, 316, 317 y 408) reserva al Estado la gestión de los sectores estratégicos y permite la delegación solo de forma excepcional y regulada. La transparencia es una obligación previa a cualquier firma: deben publicarse los costos reales, informes técnicos y condiciones jurídicas para que la Contraloría y la Asamblea Nacional ejerzan su fiscalización.

El Gobierno de Daniel Noboa administra el patrimonio nacional, no es su propietario. Antes de comprometer un recurso estratégico, el Ejecutivo debe demostrar con rigor técnico, económico y jurídico que el acuerdo garantiza el mayor beneficio neto y verificable para el Ecuador.

¡Por un nuevo Ecuador!

© 16.11.2026 – jorgebowen@hotmail.es