¿Quién pagará por derribar las últimas edificaciones que aún están en pie en Tarqui después de haber sufrido daños irreparables durante el terremoto del 16 de abril? ¿A quién corresponde desalojar los escombros resultantes? La respuesta a estas dos interrogantes la dio el alcalde de Manta, Jorge Zambrano Cedeño, en el transcurso de una reunión acalorada que mantuvo hoy (sábado 20 de agosto) con un numeroso grupo de personas que hasta el día del terremoto moraban en Tarqui, algunos de ellos propietarios de las casas y edificios de negocios que faltan por demoler.

Zambrano, que además preside el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal de Manta, informó que según el último reporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) se ha prorrogado hasta el 30 de septiembre próximo la fecha tope para que sea el Gobierno nacional el que asuma el pago de las demoliciones (totales y parciales) que aún estén pendientes.

Y señaló puntualmente, sin ninguna duda, que el informe de la mesa técnica del COE sobre la “zona cero” (la de mayor devastación) de Tarqui determina demoler totalmente los hoteles Vista Alegre y Chávez; la casa junto al Hotel Capri; una casa de dos plantas en la intersección de la Calle 105 con la Avenida 109; la planta baja del Edificio Felipe Navarrete; el Edificio El Bigote, en la intersección de la Avenida 108 con la Calle 103; y, el Edificio Mi Rey.

Se echarán abajo parcialmente: Edificio Tepopesca; Hotel Las Rocas; dos casas en la intersección de la Calle 106 con la Avenida 108; edificio de cinco plantas entre la Calle 105 y la Avenida 108; y los edificios Alikan, Buen Pan y Magri.

El alcalde dijo que todas estas construcciones quedaron rezagadas de la demolición por falta de decisión de sus propietarios, algunos de los cuales se han resistido persistentemente a permitir el derrocamiento de sus bienes inmuebles, y advirtió que quienes se opongan a la demolición durante el plazo establecido por el Gobierno, después deberán asumir por cuenta propia los costos de esos trabajos.

El tránsito en la “zona cero”

Miembros de unas cuantas familias presentes en la reunión, desarrollada en el Parque El Rosario de Tarqui, volvieron a insistir en su deseo de que se vaya abriendo progresivamente las calles de la “zona cero” para poder llegar a sus casas, de las cuales salieron hace cuatro meses luego del terremoto del 16 de abril.

Uno de ellos, Ramón Moreira (hijo), dijo que él quiere regresar a su casa pero cuando ya se hayan soterrado las instalaciones de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, preguntando a renglón seguido cuándo ocurrirá eso. El alcalde respondió que ahora mismo se está levantando la carta topográfica para las obras hidrosanitarias, y que la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) ha determinado ocho meses para soterrar su cableado.

Ramón Moreira (padre) expresó que desea participar en la veeduría de las obras hidrosanitarias, para observar si se cumple el cronograma de obras y de no ser así denunciarlo.

Retomando el punto del tránsito dentro de la “zona cero”, el alcalde fue claro al decir que la competencia de decidir el levantamiento de la prohibición recae en el COE, pues la Policía y las Fuerzas Armadas (miembros de ese comité) son las encargadas de mantener la seguridad de la zona y responder por la movilización de personas dentro de ella, en donde es prohibido el ingreso a las calles cercadas. Pero el mandatario municipal dejó abierta la posibilidad de que el propio COE reconsidere el caso, durante su próxima reunión el lunes 22 de agosto a partir de las 08h00 en Playita Mía (Tarqui), adonde invitó a sus contertulios para que expongan las inquietudes que tengan.

FUENTE: Dirección de Comunicación Social del GAD cantonal de Manta, mediante boletín informativo y fotos con firma de su director, periodista Antonio Cedeño C. MANTA, 20 de agosto de 2016.