El Consejo de la Judicatura (CJ) y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) suscribieron en Quito, el jueves 17 de agosto, un convenio de cooperación para garantizar que las personas con discapacidad y sus familias tengan acceso ágil y oportuno a los servicios de justicia, protegiendo de esta manera sus derechos.

En este marco, ambas entidades acordaron conformar un Comité Interinstitucional que estará integrado, a más de los delegados del CJ y del Conadis, por representantes de los ministerios de Justicia e Interior; de las defensorías Pública y del Pueblo; de la Corte Nacional de Justicia; y de la Fiscalía General del Estado. Ellos se encargarán, en un plazo estimado de tres meses, de aprobar los “Protocolos y Rutas para la Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Manual de Atención a discapacitados

El presidente del CJ, Gustavo Jalkh, expresó su satisfacción con la firma de este acuerdo y dijo que se puede convertir en una política pública. “Todos somos iguales ante la ley y sujetos de derechos, independientemente de si alguien tiene algún tipo de discapacidad; debemos respetar la condición humana”, precisó.

Entre las acciones emprendidas por la Judicatura para atender a este grupo de atención prioritaria están el mejoramiento en el acceso a las dependencias judiciales y la capacitación a 3 675 funcionarios para que hagan buen uso del Manual de Atención en Derechos de Personas con Discapacidad, que fue elaborado en el 2015 junto al Conadis. Este instrumento es un referente en la región.

El presidente Jalkh comentó que para evitar el incumplimiento de esta guía, las personas con discapacidad pueden denunciar, con pruebas, el maltrato del que son objeto. Y advirtió con sanciones a los funcionarios judiciales déspotas, si fuese el caso.

Señaló que la Función Judicial tiene una política pública de igualdad de oportunidades, y prueba de ello es que hay tres abogados con diferentes grados de discapacidad que se hallan ejerciendo funciones de jueces.

Sostuvo que la promoción de la igualdad como un derecho mereció el reconocimiento del Foro Económico Mundial, que ubicó al Ecuador entre los países que más progresaron en este tema.

Lo que viene, según el CONADIS

De su parte, Xavier Torres, titular del Conadis, señaló que es necesario trabajar de manera articulada con las instituciones, para generar instrumentos que permitan a las personas con discapacidad y a sus familias; a los servidores públicos; y, en general, a los ciudadanos, orientar, identificar y derivar los casos de amenaza o vulneración de derechos a las instancias correspondientes.

“Cuando una persona con discapacidad es infractora o se violan sus derechos, se debe saber qué ruta seguir”, señaló; y añadió que es necesario que los jueces cuenten con una guía para mejorar sus actuaciones.

En esta misma línea, Xavier Torres dijo que certificarán, en coordinación con el Consejo de la Judicatura, a los peritos en lenguaje de señas para que apoyen a las personas sordas.

Asimismo, indicó que estos protocolos serán de utilidad no solo para el trabajo que realiza la Función Judicial, sino para la labor que ejercen los consejos cantonales de protección de derechos, adscritos a los Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) y a los los gobiernos desconcentrados a nivel nacional. Todo, en cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de la República (ley suprema del país) y la normativa nacional e internacional vigente.

Una vez aprobados los protocolos, se codificarán e imprimirán en papel, haciendo 10 mil copias que serán distribuidas para su respectiva difusión entre las instancias destinadas a proteger los derechos.

FUENTE: Dirección Nacional de Comunicación del Consejo de la Judicatura, mediante boletín informativo y foto enviados a través de su delegación en Manabí.- MANTA, 18 de agosto de 2017.