Desde hace muchos años, mientras la ciudad de Manta y su población crecían sin suficiente planificación ni control municipal, muchas familias y negocios conectaron sus desagües de agua servida a la red de alcantarillado para aguas lluvias, en vez de hacerlo a la de alcantarillado sanitario; en la mayoría de los casos por desconocimiento. Y no pocos han estado desaguando directamente a los numerosos cauces secos de las escorrentías invernales, simplemente porque no tenían otra opción.
Esta situación insalubre parece que va a corregirse, por lo menos parcialmente, de la mano de la Empresa Pública Aguas de Manta (EPAM) que está aprovechando la coyuntura dejada por el terremoto del 16 de abril de 2016, que obligó a la intervención del Gobierno nacional para reconstruir gran parte del alcantarillado colapsado y, en algunos casos, llevarlo a donde antes no había.
El coordinador de funcionamiento de las redes del alcantarillado sanitario de la EPAM, César Delgado, informó recientemente que con un equipo de buzos especializados en este tipo de alcantarillado, se han iniciado los trabajos para desconectar las descargas clandestinas de aguas servidas que desde hace mucho tiempo terminan en la red de alcantarillado pluvial de la ciudad.
Esta tarea, que representa un alto riesgo para la salud de los buzos, ha permitido descubrir hasta hoy más de 30 conexiones irregulares a lo largo de la Calle 110 y las avenidas 103, 105 y 108 de Tarqui.
Dichas conexiones están siendo derivadas hacia el nuevo sistema sanitario instalado en el proceso de reconstrucción tras el terremoto, iniciando la recuperación de los sistemas de aguas lluvias y eliminando progresivamente los reboses de aguas servidas encima de las calles.
Entra en vigencia una ordenanza reguladora
Por otro lado, la EPAM ha informado que el Concejo municipal de Manta aprobó en segundo y definitivo debate la ordenanza que a partir de ahora regulará el uso del alcantarillado (sanitario y pluvial) y el control de los vertidos de aguas residuales residenciales y no residenciales del Cantón Manta.
Esta ordenanza faculta a la EPAM, entre otras cosas, a realizar un control más riguroso del uso de los sistemas de alcantarillado y del vertido de aguas residuales, residenciales y no residenciales, pudiendo multar a los infractores de la normativa con cuantías que van desde 10 remuneraciones básicas -en casos de infracciones leves- hasta 30 remuneraciones básicas cuando las faltas sean muy graves. También podrá aplicar multas mayores en casos de reincidencia o de naturaleza extrema.
REVISTA DE MANABÍ 