Es una propuesta del Movimiento de Mujeres del Ecuador, recogida el día jueves 5 de julio de 2018 por el Consejo Nacional de la Judicatura (interino) y la Corte Nacional de Justicia. Delegados de los tres organismos se reunieron en Quito y acordaron conformar una mesa técnica de trabajo a fin de alcanzar el objetivo.
La propuesta está encaminada a conseguir que se reforme el Código Orgánico Integral Penal (COIP), de tal modo que permita la aplicación de un procedimiento especial y expedito (sin estorbos) para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia de género y de abuso sexual contra mujeres adultas, niñas, niños y adolescentes de uno u otro sexo.
Paralelamente, la mesa técnica de trabajo sentará las bases para la puesta en práctica de la “Ley orgánica integral para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres” y el procedimiento expedito pendiente.
En la cita se analizaron varios temas, entre ellos: la necesidad de que las instituciones del sector levanten información estadística común sobre los casos de violencia a nivel nacional; la implementación de un nuevo modelo de gestión en las unidades judiciales que conocen este tipo de casos; y la vinculación que debe tener la Escuela de la Función Judicial en la sensibilización a los operadores de justicia.
Uno de los objetivos es lograr la reducción de los tiempos procesales, tanto en el otorgamiento oportuno de las medidas de protección para las víctimas desde un enfoque integral, como en la investigación y sanción de estos delitos.
La doctora Zobeida Aragundi Foyain, vocal del Consejo de la Judicatura, calificó a este encuentro como histórico y destacó que la inclusión de la erradicación de la violencia de género debe estar incluida en todas las agendas institucionales del país.
“Este fenómeno social necesita nuevas respuestas. Necesita tener prevención, sanción, reinserción de las personas a la sociedad y reparación de los daños. Este tema no puede ser abordado solo desde un sistema punitivo frío”, juzgó Aragundi.
La misma funcionaria, quien fue delegada por el pleno del Consejo de la Judicatura como responsable del área de género de la institución, destacó además que junto a representantes de la Defensoría Pública, la Fiscalía y otras instituciones de la Función Judicial, se identificarán y evaluarán los nudos críticos de la aplicación de la “Ley orgánica integral para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres” y se elaborará un nuevo cronograma para su puesta en práctica.
REVISTA DE MANABÍ 