Durante sesión efectuada en Quito el 7 de noviembre de 2018 y mediante resolución 097A-2018, el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó un Protocolo para Peritos Intérpretes y Traductores que actúan en casos de violencia basada en género.
El documento armoniza con la norma constitucional que señala que nadie puede ser discriminado por su idioma, etnia de nacimiento, condición migratoria, discapacidad, deficiencia física o cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente.
Asimismo, se alinea con disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que en lo esencial garantizan a las víctimas de infracciones el derecho a ser asistidas gratuitamente por una o un traductor o intérprete, si acaso no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento, así como a recibir asistencia especializada.
El Protocolo, elaborado por la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia del CJ, fue presentado a su pleno por la subdirectora de Género, Margarita Carranco, quien destacó que el documento ratifica la obligación que tienen los peritos de ser imparciales y objetivos, transmitir integralmente el mensaje, garantizar los derechos a la intimidad y reserva de información de las víctimas; y, sobre todo, comprender la violencia basada en género y conocer el proceso judicial.
Los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad, intergeneracional e interseccionalidad atraviesan de principio a fin el Protocolo para Peritos Intérpretes y Traductores. Asimismo se fundamenta en los principios de responsabilidad, confidencialidad, imparcialidad, precisión y fidelidad, acceso a la justicia y no revictimización de las personas afectadas. Además, concuerda con el marco normativo internacional en esta materia.
Este Protocolo, que es de obligatorio cumplimiento, tiene cinco anexos con recomendaciones específicas: uno, para tratar a personas con discapacidad auditiva; otro, para tratar a personas con discapacidad visual; un tercero, para tratar a personas trans femeninas y trans masculinas; el cuarto, contiene recomendaciones para tratar a personas extranjeras; y, el quinto, para tratar con niñas, niños y adolescentes de uno u otro género.
Tras la aprobación del Protocolo, el presidente de la Judicatura, Marcelo Merlo, señaló que el documento “humaniza, de forma científica, la tarea que debe desarrollar este personal especializado”.
FUENTE: Boletín informativo y foto del Consejo de la Judicatura, Quito.
REVISTA DE MANABÍ 