El Consejo de la Judicatura (CJ) del Ecuador, en sesión plenaria, resolvió solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la asignación de los recursos necesarios para ampliar el uso de medios telemáticos en el servicio judicial, así como el pago inmediato de los sueldos de todas las personas que sirven a la Función Judicial, correspondientes al mes de junio de 2020.
La resolución 078-2020, aprobada en sesión extraordinaria 053-2020 del 16 de julio del 2020, señala que desde el año 2019 se registraron varios recortes presupuestarios por parte del MEF y que esto ha impedido a la Función Judicial cumplir con su misión fundamental de garantizar el pleno acceso de la ciudadanía al servicio de justicia, ya que por la falta de recursos varias de las actividades e intervenciones, inicialmente programadas para fortalecer el servicio, no se pueden ejecutar.
Ante la emergencia sanitaria que vive el país, por la COVID-19, el CJ resolvió priorizar el uso de los medios telemáticos para la realización de video audiencias y otras diligencias judiciales. La prioridad es precautelar la salud y la vida de quienes usan el sistema de justicia, así como la de quienes sirven en todas las instancias judiciales.
Para ello, subraya el CJ, es indispensable contar con los recursos necesarios que faciliten, por ejemplo, la adquisición de las licencias de programas para el desarrollo de video audiencias y la implementación del expediente electrónico a nivel nacional.
Los recortes presupuestarios de los años 2019 y 2020 suman USD 19’536.733,93. Las reducciones fueron unilaterales e incluso el 01 de julio del presente año el MEF planteó otro posible recorte que mantiene US$ 1’207.742,00 en estado reservado, impidiendo a la institución ejecutar este presupuesto.
A esto se suman alrededor de USD 2´000.000 que el MEF no ha cancelado en contratos ligados al proyecto de inversión, en donde se encuentran intervenciones estratégicas como las adecuaciones de unidades judiciales que administran la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar; la reconstrucción del Palacio de Justicia de Portoviejo, destruido en el terremoto del 2016; el uso de herramientas tecnológicas para garantizar el acceso a los servicios de justicia para la ciudadanía; entre otros.
En consideración de estas circunstancias, la Dirección General del CJ ha dirigido reiterados oficios al MEF para solicitar que no se realicen más recortes presupuestarios a la Función Judicial, que de acuerdo a la normativa vigente en el país, goza de autonomía económica, financiera y administrativa y se rige por su propia ley, reglamentos y resoluciones, oficios que hasta la fecha permanecen sin respuesta.
Otra de las preocupaciones de las autoridades del CJ es el constante retraso en el pago de los sueldos de los servidores judiciales. Actualmente, el MEF no ha cancelado los sueldos correspondientes al mes de junio y esto golpea directamente a los servidores judiciales, quienes durante la emergencia sanitaria también han permanecido en primera línea de batalla, con fiel compromiso al servicio de justicia.
El CJ alerta a la ciudadanía y al país que si continúa la disminución de recursos para la Función Judicial, los servicios de justicia se verán seriamente afectados y exige al MEF, por cuarto mes consecutivo, realizar los pagos a las personas que trabajan en las diferentes instancias judiciales, de manera inmediata.