Frente a la masacre ocurrida hace pocos días en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y a otras anteriores que sucedieron en otras cárceles del país, el Consejo de la Judicatura (CJ) del Ecuador ha expresado su profunda preocupación por la situación que atraviesa el sistema penitenciario nacional y ha ratificado su decisión de continuar implementando acciones para garantizar la tutela efectiva de los derechos de las personas privadas de libertad.

El órgano de gobierno de la Función Judicial ecuatoriana afirma que viene tomando acciones concretas y efectivas, en el ámbito de sus competencias, para coadyuvar en la solución de la situación penitenciaria del país. Las medidas se desarrollan en el marco de la Resolución 168-2021 -aprobada el 7 de octubre del 2021- en la que el pleno declaró la necesidad extraordinaria y emergente del servicio judicial de garantías penitenciarias y aprobó el Plan de Fortalecimiento del Servicio Judicial en esta materia.

Bajo ese marco regulatorio, el CJ dice haber ampliado temporalmente la competencia de juezas y jueces de las unidades judiciales de Garantías Penales, de Tránsito, y Especializadas Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, para que resuelvan las causas que se encuentren en trámite en materia penitenciaria en Guayaquil, Portoviejo, Cuenca y Latacunga; y, el 28 de octubre de 2021, nombró a ocho nuevos jueces permanentes y temporales, para las unidades judiciales especializadas en Garantías Penitenciarias, de Guayas y Azuay. Como resultado de estas medidas, 265 jueces (19 especializados, 128 penales y 118 de otras materias) conocen este tipo de causas.

De igual modo, el CJ recuerda que su pleno precisó las competencias de los jueces que conocen casos de esta materia y dispuso que «las boletas de excarcelación de las personas privadas de la libertad deberán ser emitidas y despachadas de manera prioritaria, célere y oportuna, por parte de juezas y jueces especializados o aquellos jueces que tienen la competencia ampliada para el conocimiento en materia de garantías penitenciarias».

En forma paralela, añade, el CJ realiza el seguimiento del despacho de causas de estas unidades a fin de verificar el cumplimiento del promedio establecido en la Resolución 040-2021, de 8 de abril del 2021.

Con estas acciones que ejecuta, sostiene el CJ, la productividad en el despacho de causas de garantías penitenciarias aumentó de 1.197 en septiembre del 2021 a 1.406 en octubre del 2021.

Es importante recordar a la ciudadanía, advierte la Judicatura, que la prisión preventiva es una medida excepcional, según lo establecen la Constitución y la Ley. Su petición y concesión corresponde a los órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, el CJ solicita a los mencionados órganos que procedan en esta materia como lo dispone el marco legal vigente.

Por último, el Consejo de la Judicatura del Ecuador dice que el país demanda que todas las instituciones estatales trabajen coordinada y armónicamente para solucionar los problemas estructurales del sistema penitenciario. En ese sentido y en el ámbito de sus competencias, asegura, el CJ está listo para continuar brindando su aporte técnico y humano.

FUENTE: Comunicado emitido y fechado en Quito (Ecuador) el día domingo 14 de noviembre del 2021, y enviado con firma del Consejo de la Judicatura.