Examen sucinto a la problemática criminal que Ecuador padece ahora mismo, realizado por una joven abogada ecuatoriana que, por voluntad suya, nos hizo llegar el trabajo de su autoría para que sea publicado en REVISTA DE MANABÍ.

Por Sara M. Velástegui Mariño *

Es lamentable ver cómo el Ecuador, tras 5 años de política incongruente, alcanza hoy estadísticas criminales de 3.513 asesinatos, entre enero y junio de este año; lo que evidencia el 58 % de incremento en la tasa de muertes violentas.

Las estadísticas entregadas por la Policía Nacional, sustancialmente en los últimos 4 años, demuestran un grave incremento del actuar delictivo. Es así que, en el año 2018, el Ecuador evidenció 994 asesinatos, 24 más que en el año 2017; por lo que se tiene que, del 2019 al 2020, se produjeron al menos dos homicidios diariamente.

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Es evidente que estas cifras fueron variando dramáticamente desde el año 2021, cuando los informes de la Policía Nacional del Ecuador contabilizaban 2.496 asesinatos; es decir que la tasa de homicidios en el Ecuador se había incrementado, respecto del 2020, en un 7,8 %; más de la mitad.

Hacia el año 2022 el Ecuador registró la mayor tasa de muertes a causa de la violencia criminal, reportando 4.603 muertes y un incremento de más del 14 % en la tasa de homicidios. Increíblemente estas estadísticas, registradas entre enero y julio de 2023, reportan 3.513 asesinatos; lo que significa que podría esperarse que el año cierre con aproximadamente unas 4.000 muertes violentas.

Lejos está el Ecuador que fue denominado como el segundo país más seguro de la región latinoamericana. Entonces nuestro país había logrado alcanzar este importante estándar de seguridad, tras el monitoreo constante de la actividad criminal, sumado a esto la prevención a través de políticas criminales ensambladas en el sistema social. 

A decir de las palabras de Rafael Correa, en el año 2015 Ecuador había logrado una reducción en  delitos -como homicidio, robo a personas, robo a domicilios, robo a las unidades económicas, robo de vehículos, delitos de carácter sexual, muertes por accidente de tránsito y siniestros- que benefició mucho al pueblo ecuatoriano.

En ese mismo sentido, el entonces primer mandatario hizo referencia a que en el año 2012 el Ecuador tenía una tasa del 12.9 % de inseguridad, la misma que descendió en el 2013 al 10.9 %, y para el año 2015 había disminuido a casi la mitad con respecto a 2012: 6.4 %.

Orgullosamente, el Ecuador dejaba ver un Estado seguro, que únicamente había sido superado por  Chile. Ecuador se consagraba como el segundo país más seguro de América Latina.

En concordancia con la importante reducción de criminalidad dentro del país, podemos destacar que el gobierno de la Revolución Ciudadana, dentro de su plan político, había establecido como ejes fundamentales para el cambio social, la salud, la educación, el empleo digno, el acceso a los servicios básicos.

Por lo que dentro de ese gobierno se destinaron inversiones millonarias en beneficio de los ecuatorianos; como, por ejemplo, más de 13.500 millones de dólares en salud; 22.000 millones de dólares en educación, entre otras.

Estas inversiones fueron efectuadas a través de ministerios coordinadores, y beneficiarios directos fueron los sectores más sensibles y olvidados (como aquellos cuya existencia es de extrema pobreza) a quienes se proveyó de diferentes unidades educativas, de docentes calificados, uniformes, útiles escolares… es decir, educación gratuita para los niños y jóvenes.

Del mismo modo, dentro de este gobierno, el 2,12 % del Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano fue destinado para estandarizar y mejorar la educación superior.

Todas estas políticas públicas, ensambladas al sector social, dieron como resultado una inversión pública en el Ecuador que superaba las estadísticas en relación con otros países, como Bolivia, Argentina, Uruguay, México, Colombia, entre otros más de la región.

Según el Diario Primicias (Ecuador) del domingo 13 de agosto del 2023, la inversión en salud y en educación ha decaído en un 80 % con relación a los años anteriores. Ciertamente, esta situación está estrechamente ligada con los periodos de gobierno correspondientes a Lenin Moreno y Guillermo Lasso, cuando han ocurrido los sucesos más violentos de la historia republicana del país, desde masacres carcelarias hasta el incremento del 300 % respecto a delitos como extorsiones y secuestros. 

Todos los sucesos violentos cuyas cifras hemos descrito, se encuentran estrechamente ligados a conflictos internos entre bandas delincuenciales, contra lo cual los dos últimos gobiernos (Moreno – Lasso) han reaccionado constantemente con decretos de Estado de Excepción que no han reducido ni han podido contener la violencia dentro del país.

Dejaron de lado el establecimiento de una política criminal efectiva que pueda disuadir el delito a través de la prevención, que únicamente se puede efectuar con el ensamblaje de las políticas internas del Estado y la ejecución de planes de inversión social que propendan a no permitir que las mafias capten niños y jóvenes dentro de sus filas.

Porque esto último solo será posible si se encamina a la niñez y la juventud dentro de la educación y el empleo estable, y no dejándolas con la única opción el delinquir.

En esta misma línea podemos resaltar que los gobiernos Moreno-Lasso registran severas observaciones, en diferentes informes de derechos humanos emitidos por las Naciones Unidas, donde principalmente se exhorta al Estado a tomar iniciativas a través de políticas públicas que puedan disuadir y prevenir el delito.

En esta relación, el alto comisionado de la ONU para promover y defender los derechos humanos, Volker Türk, con fecha 27 de julio del 2023 expresó su preocupación por el incremento de la violencia y el retroceso de los derechos humanos dentro del país. En este mismo hilo, el alto comisionado instó al Gobierno a desarrollar una reforma integral en el sistema de Justicia penal, así como en prisiones, a través de la aplicación de una política de rehabilitación social adecuada.

Sin embargo de lo antes indicado, Ecuador está llamado a elecciones anticipadas y deberá tomar una decisión política este 20 de agosto del 2023. A pesar de toda la violencia que está sucediendo dentro del país y las circunstancias de peligro en las que se encuentran los ecuatorianos, las elecciones presidenciales sin duda motivan a terminar con un gobierno ineficaz y a visualizar claramente los rostros de quienes han representado, en silencio, subordinación ante todas las vejaciones cometidas durante este tiempo en contra del pueblo.

Es claro que el país merece nuevamente ser un país de paz. El pueblo ecuatoriano difícilmente olvidará toda la sangre derramada, el terror infundido contra él en las calles, el retorno de la pobreza y el incremento de las brechas sociales que únicamente han significado, durante todo este tiempo, el fortalecimiento de estructuras criminales que ven su oportunidad en la ignorancia, el desempleo y el hambre.

Estos cinco últimos años, el país ha sido gobernado por la derecha con sus diferentes representantes (Moreno, Lasso, Otto, Villavicencio, Nebot, entre otros), que hoy mismo buscan el voto de los ecuatorianos. Mas, en la conciencia colectiva del país hay un registro claro de que hace apenas  unos años atrás el Ecuador era un país seguro, un país próspero dentro de la región, donde la mendicidad y la pobreza extrema habían sido erradicadas.

Duele ver cómo los niños de la patria no tienen la oportunidad de educarse y son expuestos en las calles, víctimas de mendicidad para luego ser captados por mafias criminales.

Un país seguro es un país donde el sistema de justicia y el sistema de seguridad están estrechamente ligados con el principio de Justicia Social. Es decir que la inversión estatal jamás puede dejar de lado a la educación, la salud, el empleo digno, la remuneración digna del trabajo, la erradicación de las brechas sociales y la construcción de verdaderos anillos de seguridad que protejan a la familia y la sociedad, y que propendan a la verdadera rehabilitación social.

Solamente un Gobierno consciente de las necesidades de su pueblo, con un plan bien estructurado, podrá efectivamente retornar la calma a un país abatido por la inoperancia, la ignorancia y la falta de probidad de sus gobernantes.

REFERENCIAS

https://datosmacro.expansion.com/demografia/homicidios/ecuador?anio=2018

https://datosmacro.expansion.com/demografia/homicidios/ecuador

https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/ecuador-es-el-segundo-pais-mas-seguro-de-la-region/

https://elpais.com/internacional/2023-07-26/horas-de-terror-en-ecuador-masacres-carcelarias-secuestros-y-bombas.htmlhttps://www.ohchr.org/es/press-releases/2023/07/ecuador-un-human-rights-chief-concerned-spike-violence-and-backward-step

* Sara M. Velástegui Mariño es una joven abogada de los tribunales del Ecuador, activista estudiantil, activista social sin bandería política. Ha sido colaboradora en diferentes causas relacionadas con la protección de personas vulnerables y niños víctimas de abuso sexual. Su lugar de nacimiento es la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, República del Ecuador.