Hace poco se desveló globalmente que dos ciudadanos jóvenes, procedentes de Holanda, durante un largo tiempo abusaron sexualmente de unos 400 niños (entre mujeres y hombres) en la población de Canoa, parroquia rural del Cantón San Vicente, situado en el noroccidente de la provincia de Manabí (Ecuador).
Ese descubrimiento causó revuelo mundial, porque se supo que los abusadores grababan su pedofilia en videos pornográficos que luego comercializaban internacionalmente. Y que, para conseguir su propósito, los pedófilos habían ocupado un notorio hotel situado junto a la playa marina de Canoa, donde consumaban sus aberraciones y las mantenían en reserva sobornando a quienes regentaban el hotel y a familiares de los propios niños perjudicados.
ACCESORIOS PERSONALES en Manta
Luego de tal suceso repudiable, la Administración de Justicia de Ecuador, a través de su órgano de gobierno, el Consejo de la Judicatura, se ha hecho presente en el pueblo de Canoa con una reunión de representantes de diversas instituciones responsables de velar por el bienestar del conjunto de la sociedad, y en particular de la niñez y la adolescencia.
La reunión
El Consejo de la Judicatura (CJ) de Ecuador, conjuntamente con 25 instituciones (entre entidades públicas y organizaciones sociales) instalaron la “Mesa de Seguridad, Justicia y Derechos para la Niñez y Adolescencia” en la Parroquia Canoa, Cantón San Vicente de la provincia de Manabí.
Este grupo de representantes institucionales tiene la misión de actuar con énfasis en la promoción y defensa de los derechos que corresponden a niños, niñas y adolescentes de uno u otro género.
Luego de instalada la mesa y desarrollar su primer debate, se suscribió un acta de compromiso entre la alcaldesa del Cantón San Vicente, la defensora pública, el presidente de la Corte Provincial de Justicia, y delegados de la Fiscalía Provincial, Gobernación, Policía Nacional, miembros de las juntas cantonales de Protección de Derechos, organizaciones de mujeres y niñez, entre otros participantes.
Compromiso interinstitucional
Las personas representantes de instituciones que suscribieron el documento, trabajarán para lograr una articulación efectiva entre el sistema judicial y los sistemas de prevención, atención y protección. El objetivo es abordar con mayor eficacia los casos de vulneración de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, en aplicación del principio de interés superior.
“Nuestra prioridad es: no más silencio ante delitos sexuales y de lesa humanidad que involucren a la niñez”, señaló el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, durante su discurso ante la mesa referida.
Comisión especial
Entre los compromisos alcanzados en la Mesa, está la integración de una comisión especial que analizará la situación socio jurídica de los casos relacionados con vulneración de derechos humanos de la niñez y la adolescencia e identificará las actuaciones necesarias para reducir los índices de violencia.
En lo inmediato, los jueces, fiscales, defensores públicos y demás funcionarios judiciales, deberán aplicar las resoluciones emitidas por el Consejo de la Judicatura, que contienen herramientas e instrumentos especializados para la protección integral de niños, niñas y adolescentes de uno u otro género, en todas las fases del proceso judicial.
De igual forma, aplicarán la “Política de Género”; el “Plan Maestro de Celeridad Procesal”; y la “Directriz de seguimiento del principio de celeridad procesal en casos de violencia basada en género, femicidios y muertes violentas de mujeres, violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes”, con lo cual se procura garantizar los derechos humanos de esos grupos de atención prioritaria.
Compromisos locales
Los miembros de juntas cantonales de protección local; tenientes políticos; fiscales; comisarios; y jueces; se comprometieron a utilizar el Módulo Virtual de Medidas de Protección (alojado en el sitio web del Consejo de la Judicatura), como medio eficaz para activar la protección para la niñez y adolescencia.
Estos compromisos los asumieron bajo el convencimiento de que el Ecuador, como Estado democrático, debe actuar para evitar la vulneración de los derechos de sus niños, niñas y adolescentes de uno u otro género.
FUENTE: Consejo de la Judicatura (Quito, Ecuador), mediante boletín y fotos (La Redacción de RM es autora del texto introductorio a esta información).
REVISTA DE MANABÍ 