En los primeros tres días de su mandato no ha expuesto un solo plan o programa, ni siquiera alguna idea puntual, que deje prever una determinación precisa y transparente para resolver los problemas prioritarios del Ecuador. Se ha centrado en suscribir los consabidos decretos ejecutivos para llenar los altos cargos de la Administración que preside y unos cuantos que contradicen su promesa reciente de no caer en prácticas abusivas o revanchistas.

Siempre se confía en que quien se postula para una elección de presidente de la República ya conoce, de antemano, la problemática social del país y se ha preparado para resolverla o, cuando menos, para encauzarla y reducirla. O sea, que al asumir la función está lista, o en este caso, listo para dar directrices inmediatas y precisas de por dónde y cómo empezar. Lo que todavía no se ha escuchado ni se ve.

En cuanto a los decretos, ha delegado a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, como su única gestión gubernamental ir a Israel a contribuir a encontrar la paz en medio del conflicto bélico entre el Gobierno de ese Estado y el grupo rebelde armado Hamás del pueblo palestino. Pero ante las inocultables diferencias de criterios entre Noboa y Abad, esta delegación parece una medida extrema para mantener muy alejada del quehacer gubernamental interno a la vicepresidenta.

Y todos conocemos que la función esencial de quienquiera que ejerza una vicepresidencia es reemplazar, temporal o definitivamente, a quien ejerce la presidencia. En Ecuador se ha normado que la vicepresidencia del Gobierno ejecute actos delegados expresa y puntualmente por la presidencia de turno, pero sin lesionar el mandato confiado por los electores a quien eligieron vicepresidenta.

La decisión de Noboa, de “desterrar” muy lejos y en condiciones muy críticas a su binomio presidencial, revela que es un mandatario incapaz de limar asperezas y acordar un trabajo coordinado y armonioso.

Otro decreto, el que supuestamente elimina la Tabla de Consumo Mínimo de sustancias alucinógenas, no ha tomado en cuenta que para eso hace falta una reforma constitucional a cargo de la Asamblea de la República. Pues hay que reformar la parte pertinente de la Constitución que declara enfermedad el consumo adictivo de drogas prohibidas y exime de penalidades a los consumidores; y, además, debe reformarse la parte pertinente del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Y el que revierte al Gobierno central la contratación y ejecución directa del quinto puente para la ciudad de Guayaquil, cuyas competencias el expresidente Lasso delegó al GAD cantonal; así como la contratación y ejecución de un corredor vial en la provincia de Los Ríos, que Lasso había delegado al GAD provincial correspondiente, llevan a pensar en alguna de estas tres hipótesis: restar méritos al expresidente Lasso, administrar directamente las contrataciones para confiarlas a gente cercana al entorno presidencial, o quitarle protagonismo político al alcalde de Guayaquil y al prefecto provincial de Los Ríos.

La República del Ecuador, en la situación tan precaria y conflictiva en la que se halla en este momento, requiere al frente de su Gobierno a una persona con sólidas cualidades de estadista.

Editorial de REVISTA DE MANABÍ.