El Consejo de la Judicatura, órgano de gobierno de la Función Judicial del Ecuador, desde hace algún tiempo se halla sumido en una situación de inestabilidad política que perturba su propio funcionamiento y, en general, el de la administración de justicia.

Hace tres días, los consejeros actualmente en funciones dejaron sin efecto una de las resoluciones de sus predecesores inmediatos. De forma unánime, el pleno del Consejo vigente derogó las resoluciones 157-2023 y 197-2023 que ampliaban los periodos laborales de juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Esta decisión se adoptó el día viernes 12 de enero del 2024, en sesión extraordinaria No. 006-2024.

La ampliación referida fue resuelta el 5 de septiembre del 2023 por los vocales Xavier Muñoz y Wilman Terán que ejercía las funciones de presidente del Consejo; y, mediante esa acción, extendían hasta el 2030 el ejercicio laboral de ciertos magistrados (mujeres y hombres) de la Corte que debían ser reemplazados en febrero del año en curso, unos, y otros en el año 2027.

La derogatoria de aquella resolución, según el actual Consejo de la Judicatura, fue resuelta con base en los informes técnicos y jurídicos correspondientes, en los cuales se consideró que la ampliación de los periodos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia afectó la independencia judicial interna, la seguridad jurídica y la garantía de la motivación; y que contravinieron el régimen de transición constitucional implementado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que presidió el ya finado Julio César Trujillo.

Con la decisión recién adoptada por el Consejo de la Judicatura que preside interinamente Álvaro Román, los periodos de los jueces y juezas nacionales afectados por la derogatoria se mantienen conforme lo expresado en la Resolución 008-2021; es decir, para tres, seis y nueve años, según corresponde.

FUENTE: Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura (Quito, Ecuador), mediante boletín cursado con su firma.