Por su propia naturaleza, el ser humano ve siempre un tesoro en todo lo prohibido. Esta ilusión le motiva ir tras ella y hasta cometer las peores torpezas para descubrirla y tomarla.

Valga el introito para referirnos a la prohibición, tanto de producir cuanto de consumir, drogas tóxicas. Fueron ilegalizadas para prevenir que una gran proporción poblacional se torne adicta y cree un enorme problema social sanitario imposible de resolver.

Sin embargo, en la práctica, ese buen propósito no ha sucedido. Más bien, el consumo está casi generalizado a nivel mundial. Lo prueba la dimensión súper millonaria del negocio, defendido a fuego y sangre por quienes lucran con él.

Y no es que los gobiernos nacionales carezcan de normas y fuerzas para someterlo, sino que traficar droga prohibida es uno de los negocios con la mayor rentabilidad pronta y abundante, capaz de comprometer a las autoridades que tienen la responsabilidad de evitarlo.

De hecho, se piensa que las cabezas más visibles del narcotráfico -aquellas a las que señala, persigue, apresa y ajusticia la ley- son únicamente los peones que hacen el trabajo sucio.

Los verdaderos jefes del negocio estarían protegidos por el anonimato que les confiere su gran poder económico, y sociabilizando con lo más alto y florido de las élites dominantes.

Visto desde una perspectiva como esta, el problema del narcotráfico podría ser mejor controlado y resuelto mediante dos acciones paralelas y simultáneas: legalización de la producción y el comercio de los estupefacientes y una masiva y convincente campaña comunicacional para contener y reducir el consumo.

Liberados de la prohibición de su negocio, los narcotraficantes resolverían sus disputas mediante la vía judicial ordinaria, dejando de lado la “justicia por mano propia”.

Además, la legalización del narcotráfico permitiría darle más rentabilidad a los puertos de salida y entrada, monetizando también a las empresas dueñas de los buques transportadores.

Por último, y más importante, los estados nacionales podrían establecer impuestos a la producción y exportación de las drogas, generando ingresos adicionales a sus arcas fiscales en vez de hacer ingentes gastos en los ineficientes y tormentosos operativos policiales y militares.

Editorial de REVISTA DE MANABÍ.