El pueblo de la República del Ecuador se halla, en este momento, semiparalizado a causa de la eliminación del subsidio gubernamental que permitía consumir diésel a precios por debajo del estándar internacional.

Esta supresión provocó una reacción popular, mayormente indígena, expresada en paralización de actividades habituales en ciertos sectores cuyo desempeño repercute a nivel nacional y ejerce presión a fin de que la medida estatal sea revertida.

La resistencia popular tiene sentido si se advierte que al eliminar el subsidio aparece la especulación lucrativa y aumenta mucho el costo de la canasta básica familiar, ya bastante alto. Esto impacta con más dureza en las comunidades indígenas, las menos favorecidas por el desarrollo nacional.

Pero el Gobierno ha tomado el atajo de la confrontación intimidante a través de un despliegue desproporcionado del Ejército y la Policía Civil Nacional, aumentando el disgusto y la resistencia de los reclamantes.

Al actuar así los gobernantes de turno exceden sus competencias limitadas a cumplir el mandato conferido por el pueblo para que le sirvan sin avasallarlo. En este caso, llamando a un diálogo respetuoso y constructivo que permita encontrar la solución al problema.

Sin embargo, la respuesta gubernamental es desafiante y además teñida de un evidente pero engañoso propósito propagandista para favorecer el resultado que los mandatarios esperan de las próximas elecciones nacionales en torno a las preguntas del Referéndum y la Consulta Popular.

Esto último explica el reparto inesperado y ostentoso de bonos, créditos financieros exprés, insumos agrícolas, maquinarias… y hasta el pago adelantado de la décima tercera remuneración que las personas con empleo formal reciben tradicionalmente unos días antes de Navidad.

La paralización inusual de actividades perjudica irremediablemente a toda la sociedad ecuatoriana y por esto mismo al Gobierno corresponde comprender la situación de las comunidades paralizadas, atender sus demandas y acordar con ellas las medidas de satisfacción pertinentes.

A lograr esto último deben contribuir los gremios empresariales, persuadiendo al Gobierno para que actúe rápido sin lastimar los derechos legítimos de quienes protestan y reclaman.

Editorial de REVISTA DE MANABÍ.