Un experimentado y profundo conocedor de la producción arrocera ecuatoriana opina sobre la situación actual del sector, golpeado recientemente con la supresión del subsidio estatal que tenía el diésel.

Por Gledin Dumes Rivera*

Los productores arroceros del Ecuador desempeñan un rol esencial en la economía nacional, contribuyendo significativamente a la seguridad y soberanía alimentaria del país, constituyéndose el arroz en el producto fundamental de la canasta básica, que no solamente garantiza el consumo interno, sino que también impulsa la estabilidad de los mercados y el crecimiento económico, generando miles de empleos directos e indirectos.

Sin embargo, los agricultores enfrentan desafíos críticos que amenazan la sostenibilidad de esta actividad estratégica, entre los que se destacan:

Incremento en los costos de producción: Los productores arroceros enfrentan un constante aumento en los costos de insumos esenciales, como fertilizantes, semillas certificadas, pesticidas y tecnología agrícola, cuyo encarecimiento, impulsado por factores como la inflación global, la fluctuación de los precios internacionales de materias primas y los costos asociados al transporte, ha elevado considerablemente los gastos operativos de los agricultores. Consecuentemente, la rentabilidad de las actividades agrícolas se ha visto drásticamente reducida, poniendo en riesgo la sostenibilidad económica de las familias campesinas y limitando su capacidad para reinvertir en mejoras productivas.

Comercialización por debajo del precio mínimo de sustentación: La falta de cumplimiento del precio oficial mínimo de sustentación del arroz, establecido por el Estado, representa una de las principales amenazas para los productores arroceros.

El incumplimiento del precio mínimo, perpetrado por algunos actores de la cadena de comercialización, como intermediarios e industrias arroceras, resulta en la venta del producto a precios inferiores a los establecidos; afectando directamente los ingresos de los agricultores, desalentando la inversión en el cultivo de arroz y dejando a los productores en una posición vulnerable y sin garantías para recibir un ingreso justo por su trabajo.

Falta de acceso a financiamiento preferencial: Los pequeños y medianos productores arroceros enfrentan serias dificultades para acceder a créditos preferenciales que les permitan financiar sus actividades agrícolas, toda vez que las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, suelen imponer requisitos estrictos, como garantías elevadas o historiales crediticios, que muchos agricultores no pueden cumplir.

Eso limita su capacidad para adquirir insumos de calidad, maquinaria moderna o implementar tecnologías que incrementen la productividad, perpetuando un ciclo de baja inversión y rendimientos insuficientes, lo que dificulta la modernización del sector y su adaptación a los desafíos del mercado global.

El incumplimiento del precio oficial mínimo de sustentación del arroz, constituye una grave afectación a los derechos de los productores y podría configurarse el acto punitivo de agiotaje, tipificado y sancionado de conformidad con el Art. 308 del Código Orgánico Integral Penal.

Consecuentemente, al Estado corresponde garantizar mecanismos de financiamiento adecuado y justo para los agricultores, promoviendo la soberanía alimentaria y el desarrollo productivo sostenible.

Con la eliminación del subsidio al diésel, a través del Decreto Ejecutivo emitido por el presidente Daniel Noboa, el cultivo de arroz tendrá un aumento del 20 % en el Costo de Producción.

Al aumentar los costos de combustibles, en el sector agropecuario arrocero, que los utiliza para riego (bomba), transporte, maquinarias (camiones, tractores y cosechadora, si el precio de venta del arroz no sube, los márgenes de ganancia se reducen, especialmente para los pequeños y medianos productores que tienen menor capacidad de negociación.

Con la eliminación del subsidio al diésel y sin que exista una focalización hacia los pequeños y medianos agricultores, el sector agropecuario arrocero está quebrado.

* Gledin Gledito Dumes Rivera, técnico industrial y abogado. Especialista en políticas públicas agropecuarias y crediticias. Nacido en Daule (provincia del Guayas), Capital Arrocera del Ecuador, es coordinador general de la Cooperativa de Producción Arrocera «LUZ PARA LA UNIÓN». Este es su primer artículo de opinión para REVISTA DE MANABÍ, que le da la bienvenida.