Análisis contundente sobre la situación actual de la gobernanza ecuatoriana, haciendo notar que sin el respeto riguroso a la normativa constitucional y operativa del Estado, por parte de quienes lo administran, se pierde la confianza pública y aflora el autoritarismo gubernamental que pretende reconquistarla a fuerza de imposiciones engañosas.
JORGE LUIS BOWEN LOOR*
En momentos de alta sensibilidad política y social, el rumbo de un país no se mide únicamente por los discursos oficiales ni por la narrativa gubernamental, sino por la coherencia entre la norma, la acción pública y el respeto efectivo al Estado de derecho. Ecuador atraviesa una etapa en la que esa coherencia se encuentra bajo escrutinio.
El Gobierno en funciones ha asumido la conducción del país en un contexto complejo: inseguridad creciente, desconfianza institucional y una ciudadanía cada vez más escéptica frente a sus autoridades. Sin embargo, más allá de las circunstancias heredadas —que son innegables—, lo que está en juego es la capacidad real de sostener un orden jurídico estable sin recurrir a interpretaciones acomodaticias o decisiones coyunturales que debiliten el sistema.
El problema de fondo no es únicamente político; es estructural. Cuando la ley deja de ser un marco obligatorio y pasa a ser un instrumento flexible según la conveniencia del momento, se erosiona el principio de seguridad jurídica. Y sin seguridad jurídica, no hay institucionalidad que resista. La discrecionalidad —aunque se la disfrace de interpretación— termina siendo la antesala de la arbitrariedad.
En este escenario, la actuación del poder público debe ser observada con rigor. No basta con invocar la legalidad; es imprescindible respetarla en su integridad. La selectividad en la aplicación de la norma o la omisión frente a su cumplimiento generan un mensaje peligroso: que el ordenamiento jurídico es negociable. Y cuando eso ocurre, el ciudadano pierde el referente básico de confianza en el Estado.
A nivel internacional, la imagen del país también se construye sobre estos cimientos. La comunidad global no solo observa indicadores económicos o resultados de gestión, sino también la fortaleza institucional. Un país que transmite incertidumbre jurídica difícilmente puede consolidar credibilidad externa.
No se trata de una crítica ligera ni de una postura ideológica. Se trata de advertir que el debilitamiento progresivo de las instituciones no ocurre de forma abrupta, sino mediante pequeñas concesiones que, acumuladas, terminan por vaciar de contenido al Estado de derecho.
El verdadero desafío del Gobierno no es solo administrar una coyuntura adversa, sino demostrar que es capaz de sostener principios. Gobernar no es únicamente ejercer poder; es someterse a la ley con la misma rigurosidad que se exige a los ciudadanos. De lo contrario, se configura un doble estándar que fractura el pacto democrático.
Ecuador no necesita interpretaciones creativas de la ley, sino su aplicación estricta. No requiere discursos de legitimidad, sino actos que la consoliden. Porque al final, el rumbo del país no lo define quien gobierna, sino la fortaleza de las reglas que decide respetar.
©20.04.2026
* Jorge Luis Bowen Loor, licenciado en Ciencias de la Información y máster en Comunicación Empresarial y Corporativa. Es ciudadano de la provincia de Manabí (Ecuador), pero hizo sus estudios universitarios en España, donde reside actualmente. Su ejercicio profesional inició en algunas radioemisoras manabitas, en Portoviejo y Manta.
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