El autor de la opinión que sigue observa con inquietud los altos gastos en que incurre la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Manabí, y la falta de una justificación creíble. Consecuentemente, pide que se informe a la ciudadanía, mediante un detalle claro, a qué y por qué se destinaron los recursos institucionales cuestionados.
JORGE LUIS BOWEN LOOR*
En el debate público suele asumirse que las instituciones culturales operan con presupuestos modestos y con una capacidad administrativa limitada. Sin embargo, la documentación financiera recientemente observada sobre la gestión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Manabí, revela una realidad distinta: la administración cultural también mueve recursos importantes y, precisamente por ello, debe estar sometida al mismo nivel de fiscalización y transparencia que cualquier otra entidad vinculada al sector público.
Los registros muestran pagos significativos por servicios de producción artística, logística y organización de eventos culturales. Entre ellos destacan contrataciones por USD 8.000 y USD 10.000 para actividades vinculadas a producción y representaciones artísticas.
En sí mismo, el gasto cultural no constituye irregularidad alguna. La cultura requiere inversión, organización y recursos técnicos. El problema comienza cuando la ciudadanía no puede identificar con claridad la proporcionalidad entre el gasto ejecutado y los resultados institucionales obtenidos.
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Pero el aspecto más delicado no está únicamente en las contrataciones culturales, sino en el comportamiento administrativo alrededor del vehículo institucional Grand Vitara placa PEO-0112.
Los registros de adquisición de combustible reflejan consumos extraordinarios para una institución cuya naturaleza es cultural y no operativa. Solo en diciembre de 2025 se reporta la adquisición de 176.43 galones de gasolina extra. Sumados otros consumos del mismo periodo, el kilometraje estimado supera ampliamente lo que normalmente se esperaría de la movilidad administrativa provincial.
Traducido en términos prácticos, ese nivel de consumo equivaldría a múltiples recorridos interprovinciales permanentes durante un solo mes. Y allí surge la pregunta inevitable: ¿qué agenda institucional justificó semejante nivel de movilización?
La interrogante no es política; es administrativa.
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Toda entidad que administra recursos públicos o semipúblicos debe poder demostrar:
- rutas,
- órdenes de movilización,
- bitácoras,
- responsables de conducción,
- informes de comisión,
- actividades realizadas,
- y correspondencia entre kilometraje y consumo.
Más aún cuando los mismos registros evidencian mantenimiento correctivo del vehículo, lubricantes y reparaciones mecánicas durante el mismo periodo. Si el automotor requería intervención técnica, corresponde entonces verificar cuánto tiempo estuvo fuera de servicio y cómo se compatibiliza aquello con un nivel tan elevado de consumo de combustible.
Este tipo de inconsistencias son precisamente las que justifican auditorías internas y exámenes especiales.
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El problema de fondo no es únicamente contable. También es institucional y ético.
Durante años, muchas entidades culturales han operado bajo una percepción pública de escasa vigilancia social. Mientras la ciudadanía concentra su atención en alcaldías, prefecturas o ministerios, otros organismos manejan presupuestos y contrataciones que rara vez son observados con el mismo rigor.
Y allí aparece una verdad incómoda: la cultura no puede convertirse en refugio de opacidad administrativa.
La defensa del arte y la promoción cultural jamás deben utilizarse como argumento para debilitar la exigencia de transparencia. Por el contrario, las instituciones culturales deberían ser ejemplo de integridad administrativa, precisamente porque administran recursos destinados al fortalecimiento del patrimonio social e intelectual de una provincia.
También resulta legítimo preguntar si los montos invertidos en determinados eventos guardan relación con:
- impacto cultural,
- alcance ciudadano,
- participación pública,
- sostenibilidad,
- y beneficio colectivo.
Porque gastar dinero no es sinónimo de gestión eficiente.
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En cualquier sistema democrático serio, la rendición de cuentas no debe interpretarse como persecución política. Revisar contratos, consumos, órdenes de pago y gastos operativos constituye un ejercicio básico de control ciudadano.
Lo verdaderamente peligroso no es investigar posibles excesos administrativos. Lo peligroso es normalizarlos.
La documentación observada no constituye, por sí sola, una prueba definitiva de corrupción o peculado. Pero sí revela suficientes elementos objetivos para justificar una revisión técnica, financiera y administrativa mucho más profunda.
Y cuando existen dudas razonables sobre el uso de recursos institucionales, el silencio nunca fortalece a las instituciones; las debilita.
Porque la cultura necesita libertad para crear, pero también transparencia para sostener legitimidad ante la sociedad.
©20.05.2026
* Jorge Luis Bowen Loor, licenciado en Ciencias de la Información y máster en Comunicación Empresarial y Corporativa. Es ciudadano de la provincia de Manabí (Ecuador), pero hizo sus estudios universitarios en España, donde reside actualmente. Su ejercicio profesional inició en algunas radioemisoras manabitas, en Portoviejo y Manta.
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