Candidatos a la Prefectura de Manabí deben garantizar que cada dólar público pueda ser rastreado
La próxima elección de quien asumirá la Prefectura de Manabí no puede reducirse a nombres, alianzas, movimientos políticos o disputas por el poder. La pregunta fundamental es qué harán los candidatos cuando tengan bajo su responsabilidad recursos públicos, contratación pública y competencias que afectan directamente a más de un millón de manabitas.
El reciente cambio de auspicio de Luisa González —de Amigo a Pachakutik— y la inmediata objeción presentada por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) para frenar su postulación, demuestran que el escenario electoral continúa reconfigurándose en medio de pugnas partidistas y judiciales. Frente a las acusaciones cruzadas de persecución política por un lado y de incumplimiento de requisitos o investigaciones fiscales por el otro, el ciudadano no puede quedarse atrapado en el ruido de los litigios de los partidos.
No importa cuál sea el desenlace de las impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). El ciudadano no debe limitarse a preguntar qué partido respalda a cada figura ni qué recurso legal se usa para atacar o defender una postulación.
Debe preguntar:
«¿Qué garantías concretas ofrece cada candidato para que la Prefectura no se convierta en un instrumento de permanencia política, manejo discrecional de recursos o reproducción de estructuras partidistas?»
NO BASTA PROMETER TRANSPARENCIA
Decir “seremos transparentes” ya no es suficiente.
La transparencia debe poder comprobarse con datos reales, abiertos y verificables.
Ecuador ya dispone de una herramienta oficial particularmente importante: la plataforma de Contrataciones Abiertas, que permite consultar información de los procesos de contratación y descargar datos en formatos JSON, CSV y XLSX. El propio sistema señala que su objetivo es mejorar la transparencia y permitir un análisis más profundo por parte de ciudadanía, academia y otros actores.
Entonces, ¿por qué una futura administración provincial no debería comprometerse a utilizar esa información para que los ciudadanos puedan fiscalizarla permanentemente?
CADA DÓLAR DEBE TENER UNA HISTORIA
El compromiso de los candidatos debería ser sencillo: cada dólar administrado por la Prefectura debe poder seguirse desde su origen hasta su destino final.
Eso significa publicar y mantener actualizados:
- Presupuesto aprobado y sus reformas;
- Presupuesto ejecutado;
- Procesos de contratación;
- Oferentes y adjudicatarios;
- Contratos y modificaciones;
- Anticipos y pagos realizados;
- Fiscalización y avance físico de las obras;
- Avance financiero y recepción de obras;
- Convenios, consultorías y proveedores;
- Y resultados obtenidos.
No fotografías inaugurando obras. ¡Datos!
No discursos. ¡Documentos!
No promesas. ¡Trazabilidad!
UNA OBRA NO PUEDE SER UNA CAJA NEGRA
Si una carretera cuesta determinada cantidad, el ciudadano debe poder conocer cuánto fue presupuestado, cuánto se contrató, cuánto se pagó, quién ejecutó la obra, quién la fiscalizó, cuánto tiempo debía durar y cuál es su porcentaje real de avance.
Si existe una diferencia significativa entre el avance físico y el financiero, esa información debe generar una alerta y una explicación pública.
La tecnología permite hacerlo. La plataforma oficial de Contrataciones Abiertas incluso ofrece mecanismos de consulta mediante API y descarga masiva de información. Por tanto, el argumento de que la ciudadanía “no puede saber” cómo se mueve el dinero público resulta cada vez menos aceptable.
LA CONSTITUCIÓN YA ESTABLECE EL LÍMITE
Esto no es solamente una propuesta política.
El artículo 226 de la Constitución establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias y servidores públicos ejercerán únicamente las competencias y facultades atribuidas por la Constitución y la ley.
El artículo 227 establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad y se rige, entre otros principios, por eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.
Y el artículo 233 establece que ninguna servidora o servidor público está exento de responsabilidad por sus actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones y que quienes administren fondos, bienes o recursos públicos están sujetos a las responsabilidades correspondientes.
Por eso, la Prefectura no puede convertirse en propiedad política de quien gane las elecciones. El prefecto administra temporalmente una institución que pertenece al Estado y sirve a la ciudadanía.
¿Y QUIÉN CONTROLA?
Aquí aparece otra pregunta incómoda pero indispensable: ¿Qué hará la futura administración provincial para facilitar, y no obstaculizar, el control de los recursos públicos?
La Contraloría General del Estado tiene constitucionalmente la función de controlar la utilización de los recursos estatales y determinar las responsabilidades que correspondan dentro de sus competencias. Pero la existencia de un organismo de control no libera a la autoridad de su obligación de transparentar la administración.
Todo lo contrario. El mejor gobierno es aquel que deja suficientes huellas documentales para que cualquier auditor pueda reconstruir sus decisiones.
EL CANDIDATO QUE REALMENTE QUIERA TRANSPARENCIA DEBE ACEPTAR ESTAS CONDICIONES
Antes de pedir el voto, cada candidato a la Prefectura debería responder públicamente:
- ¿Se compromete a publicar mensualmente la ejecución presupuestaria?
- ¿Se compromete a publicar íntegramente los contratos y sus modificaciones?
- ¿Permitirá conocer quién recibe cada pago proveniente de recursos públicos, conforme a la legislación aplicable?
- ¿Publicará el avance físico y financiero de cada obra?
- ¿Transparentará convenios, consultorías, contrataciones y proveedores?
- ¿Implementará un sistema provincial de datos abiertos que permita descargar y analizar la información?
- ¿Permitirá auditorías y controles sin interferencia política?
- ¿Publicará las respuestas de la administración frente a observaciones de los organismos de control?
- ¿Establecerá mecanismos para identificar posibles conflictos de intereses?
- ¿Aceptará que la ciudadanía pueda comparar el presupuesto prometido con el ejecutado?
Si un candidato responde afirmativamente, debe quedar registrado públicamente. Y si llega al poder, habrá que exigirle el cumplimiento de esas promesas.
NO ACUSAR SIN PRUEBAS; NO CALLAR ANTE LOS INDICIOS
Tampoco podemos cometer el mismo error que criticamos.
No corresponde afirmar que un candidato pretende apropiarse del erario público sin pruebas. Menos aún utilizar las instituciones del Estado o los procesos de fiscalización como herramientas de zancadilla electoral.
Pero tampoco corresponde aceptar que cualquier irregularidad real quede enterrada bajo discursos de victimización o conveniencia política. La regla debe ser exactamente la contraria: hecho → documento → investigación → debido proceso → responsabilidad, si corresponde.
Así se combate la impunidad. No mediante acusaciones sin sustento ni mediante escudos políticos, sino mediante evidencia pública y control permanente.
MANABÍ NO GIRA OTRO CHEQUE EN BLANCO
Los partidos y movimientos pueden cambiar alianzas, plantear objeciones, mover candidaturas y definir estrategias de última hora. El Código de la Democracia regula la participación de las organizaciones políticas dentro del sistema democrático ecuatoriano.
Pero las instituciones públicas no pueden cambiar de naturaleza para convertirse en extensiones de esas organizaciones.
La Prefectura pertenece a Manabí. Sus recursos pertenecen al Estado. Sus funcionarios están sometidos a la Constitución y la ley. Y el prefecto no recibe una propiedad: recibe una responsabilidad.
Por eso, antes de votar, Manabí debería exigir a todos los candidatos exactamente lo mismo:
«NO ME DIGA QUE SERÁ TRANSPARENTE. DEMUÉSTREME CÓMO PODRÉ VER CADA DÓLAR QUE USTED ADMINISTRE.»
Porque la verdadera transparencia no consiste en prometer que nadie cometerá irregularidades. Consiste en construir un sistema donde cualquier intento de hacerlo deje evidencia, pueda ser detectado y sea susceptible de investigación y sanción conforme a la ley.
Ese es el verdadero límite democrático. Manabí no debe entregar un cheque en blanco. Debe entregar un mandato bajo vigilancia ciudadana.
Y quien aspire a gobernar la provincia debe entenderlo desde el primer día: LA PREFECTURA NO ES UN BOTÍN POLÍTICO. ES UNA RESPONSABILIDAD PÚBLICA.
© 19.08.2026 JORGE LUIS BOWEN LOOR – jorgebowen@hotmail.es
REVISTA DE MANABÍ 