POR: JORGE LUIS BOWEN LOOR
Introducción: El deber indelegable del gobernante
Existe una frase recurrente en los discursos políticos y académicos: «La educación comienza en casa». Si bien el hogar constituye el primer espacio de socialización donde se transmiten afecto y principios básicos, convertir esa premisa en la explicación total del proceso formativo representa una simplificación que desatiende la realidad social y jurídica del país.
La formación integral de la familia y de las nuevas generaciones depende directamente de la calidad, el orden y la seguridad que se impartan en los establecimientos educativos del Estado.
Cuando los padres no tuvieron acceso a una educación básica o superior suficiente, carecen de herramientas para enseñar ciencias, matemáticas o pensamiento crítico en el hogar.
Por ello, gobernantes y autoridades públicas no pueden trasladar a las familias las obligaciones que la Constitución asigna de manera expresa al Estado. Gobernar es educar, porque las decisiones del poder público determinan el futuro intelectual, moral y social de la nación.
1.- El mandato constitucional y la corresponsabilidad estatal
El ordenamiento jurídico ecuatoriano establece con claridad que la educación es una obligación directa del poder público y no una concesión opcional.
- Deber inexcusable del Estado: El artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce la educación como un derecho a lo largo de toda la vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, constituyéndola en área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal.
- Interés público y universalidad: El artículo 28 constitucional dispone que la educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales o corporativos, garantizando el acceso universal en los niveles inicial, básico y bachillerato.
- Desarrollo integral y pensamiento crítico: El artículo 27 establece que la educación se centrará en el ser humano, garantizará su desarrollo holístico (cada realidad es un todo distinto de la suma de las partes que lo componen – Diccionario de la Lengua española) y estimulará el sentido crítico, el arte, la cultura física y la iniciativa individual y comunitaria.
- Protección prioritaria: El artículo 44 obliga al Estado, la sociedad y la familia a promover de forma prioritaria el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en entornos seguros.
La corresponsabilidad familiar mencionada en la norma constitucional no disminuye la carga estatal. El sistema educativo público tiene la obligación de proporcionar los conocimientos científicos y la formación ciudadana que muchos hogares, por limitaciones socioeconómicas o de escolaridad previa, no están en capacidad de brindar.
2.- Gobernabilidad mediante el ejemplo y eficacia institucional
La responsabilidad educativa de quien gobierna trasciende la construcción de infraestructura o la entrega de textos escolares. Se manifiesta en la conducción ética y eficaz de las instituciones públicas.
El artículo 227 de la Constitución determina que la administración pública constituye un servicio a la colectividad regido por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.
Cuando las autoridades actúan con probidad y hacen cumplir la ley, educan mediante el ejemplo; por el contrario, cuando toleran la indisciplina institucional o la impunidad, debilitan la autoridad moral del sistema frente a los estudiantes.
3.- Seguridad escolar y el debate sobre la organización de los planteles
El deber de educar implica garantizar que las instituciones educativas sean espacios seguros, disciplinados y libres de cualquier forma de violencia o abuso.
En el ámbito académico y social ecuatoriano persiste un debate legítimo sobre la eficacia de los modelos actuales de organización escolar frente a los crecientes problemas de indisciplina, acoso y vulneración de derechos entre adolescentes.
- Enfoque de educación mixta (coeducación): Promueve la convivencia temprana entre hombres y mujeres, la igualdad formal de derechos y la integración social en entornos diversos. Sin embargo, cuando carece de inspectores, control disciplinario efectivo y supervisión adulta suficiente, expone a los estudiantes a situaciones de acoso, distracciones o abusos entre pares.
- Enfoque de educación diferenciada (por sexo): Sostiene que separar por sexo durante la adolescencia permite adaptar métodos disciplinarios a distintos ritmos de madurez emocional y reduce riesgos interpersonales en el aula. No obstante, el sistema público ecuatoriano enfrenta restricciones bajo la interpretación vigente del principio de igualdad y no discriminación (artículo 11, numeral 2 de la Constitución) y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).
Criticar las deficiencias prácticas de la postura pedagógica dominante resulta necesario cuando las teorías educativas no se traducen en protección real dentro de los planteles.
La imposición uniforme de modelos mixtos, sin inversión en vigilancia, autoridad docente ni protocolos efectivos de prevención, ha demostrado ser insuficiente para frenar los abusos.
Al mismo tiempo, tanto la experiencia comparada como la normativa de protección infantil advierten que ningún esquema —sea mixto o diferenciado por sexo— garantiza seguridad por sí solo si el Estado abdica de su deber de supervisión, control disciplinario y sanción rigurosa frente a cualquier agresión.
4.- Indicadores para evaluar la responsabilidad educativa del Estado
Para que la obligación constitucional deje de ser un enunciado retórico, la gestión educativa del gobernante debe evaluarse mediante resultados verificables:
- Calidad académica real: Medición efectiva de comprensión lectora, razonamiento lógico y pensamiento crítico, superando la mera memorización.
- Autoridad y seguridad en los planteles: Existencia de personal de inspección, departamentos de consejería estudiantil (DECE) operativos y protocolos inmediatos de prevención y sanción ante cualquier forma de abuso.
- Movilidad social: Capacidad del sistema público para que los hijos de familias sin formación académica previa accedan a las mismas oportunidades intelectuales que los sectores privilegiados.
- Coherencia institucional: Cumplimiento estricto de los principios de transparencia y eficacia administrativa establecidos en el artículo 227 de la Constitución.
Conclusión
El gobernante es el principal responsable de la calidad, el orden y la seguridad de la educación del Estado. Las familias confían a sus hijos a los planteles públicos con la legítima expectativa de que recibirán formación académica rigurosa en un entorno protegido.
Mientras la Constitución ecuatoriana consagra la educación como un deber ineludible del poder público, la realidad exige superar discursos pedagógicos ineficaces y garantizar autoridad, vigilancia y excelencia en las aulas.
Gobernar es educar: solo mediante instituciones sólidas, seguras y exigentes podrá el Estado cumplir su mandato constitucional y asegurar el progreso de la sociedad.
¡Por un nuevo Ecuador!
© 11.11.2026 – jorgebowen@hotmail.es