“Creo que la sociedad civil a la que nosotros representamos está satisfecha por esta rendición de cuentas. Es importante que nos enteremos qué están haciendo nuestros organismos, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos conseguir (…) Hemos visto todo el trabajo que se ha hecho en estos años”.
Las palabras precedentes las pronunció Reina Matilde Barahona González, representante de la Asociación de Mujeres Santa Marta de Manabí, al comentar la importancia del informe de labores correspondientes al año 2016 presentado por el pleno del Consejo Nacional de la Judicatura (CJ), el día jueves 4 de mayo en el Centro Cívico Ciudad Alfaro de Montecristi, provincia de Manabí.
El evento contó con la presencia de más de 1000 personas de diversas organizaciones civiles, brigadas barriales, universidades, jueces y promotores de paz, así como autoridades nacionales y locales.
Durante su intervención, el presidente del CJ, Gustavo Jalkh, explicó todas las acciones desarrolladas en el último año para dar cumplimiento a los objetivos del Plan Estratégico de la Función Judicial; esto es, asegurar la transparencia y la calidad en el servicio de justicia; promover el óptimo acceso a la justicia; impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios; institucionalizar la meritocracia; y combatir la impunidad, contribuyendo a mejorar la seguridad ciudadana.

Indicó que el trabajo desarrollado está orientado a poner la institucionalidad judicial al servicio de la ciudadanía, con base en principios como la igualdad ante la ley y el respeto a las competencias y atribuciones de las funciones del Estado. “La independencia es un medio para servir mejor; no es un privilegio del funcionario, es un derecho de los ciudadanos”, sostuvo.
El doctor Jalkh destacó también la productividad de los administradores de justicia, la permanente capacitación y evaluación de los jueces y los cambios implementados en el sistema judicial ecuatoriano con la vigencia de los códigos Orgánico Integral Penal (COIP) y Orgánico General de Procesos (COGEP).
Como parte del evento, la ciudadana Paola Valenzuela dio su testimonio acerca de cómo la Función Judicial reivindicó sus derechos ante una falsa imputación en un delito aduanero, situación que, en 2014, la llevó a estar detenida por un mes.
“Los organismos administrativos me han permitido por lo menos hacer efectivo mi derecho a la defensa, así como tutelar efectivamente mi derecho a que la justicia prevalezca. Es por eso que doy fe que, efectivamente, en el Ecuador se ha instaurado un Estado social de derecho y de justicia”, dijo.
En la ceremonia, el presidente subrogante de la Corte de Justicia de Manabí, Marco Ochoa, entregó una placa de reconocimiento al pleno del CJ por su labor en favor de la justicia.
RESULTADOS DESTACADOS DE LA GESTIÓN JUDICIAL EN 2016

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