En noviembre de 2016 el Consejo de la Judicatura (CJ) convocó al Concurso Público de Méritos, Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social para acceder a uno de los cupos de formación en la Escuela de la Función Judicial para la carrera judicial jurisdiccional. 343 concursantes obtuvieron la mayor puntuación y fueron sometidos a una capacitación mixta (presencial y virtual) “multicompetente”; de ellos 59 pasaron a un curso intensivo que acaba de clausurarse en Quito.
Estos últimos conocieron asignaturas en materia penal, no penal y general, todas enfocadas en desarrollar las competencias requeridas para el ejercicio de la actividad jurisdiccional frente a la oralidad procesal. De igual forma, la observación de audiencias fue una de las actividades académicas incorporadas en este proceso.
El curso intensivo concluyó con una prueba práctica final, en la que los aspirantes resolvieron dos casos, uno penal y otro no penal, asumiendo el rol de jueces ante una comisión evaluadora conformada por delegados del pleno del Consejo de la Judicatura.
Responderán ante la Asamblea de la República
Hablando en el acto de clausura del curso en referencia, el presidente del CJ, Gustavo Jalkh, aprovechó el auditorio a fin de expresar que la Judicatura está lista para entregar toda la información que requiera la Asamblea Nacional de la República sobre la aplicación del “error inexcusable”, figura legal que permite sancionar a los operadores de justicia que no actúan apegados a la ley.
Lo escucharon aquellos 59 abogados que recibieron el certificado que los acredita como idóneos para integrar el banco de elegibles de jueces de primer nivel.
El alto magistrado aludía el llamado de la Asamblea para que responda los cuestionamientos de que ahora mismo es blanco el Consejo de la Judicatura, señalado de presionar a ciertos jueces para que sentencien obedeciendo consignas del Gobierno nacional anterior del que se halla en funciones.
Durante su discurso, el titular de la Judicatura ratificó que ésta actúa de acuerdo con las facultades y competencias previstas en la Constitución y las leyes, y que es en ese contexto que acudirá el próximo 27 de septiembre a la Comisión Legislativa de Justicia, que ha requerido información sobre los casos en los que se ha aplicado el “error inexcusable”.
“Iremos para mirar con estadísticas, incluso con casos concretos, si se trata de eventuales abusos o más bien, de la forma responsable en la que el Consejo de la Judicatura ejerce su función para garantizar la administración de justicia en términos de independencia y eficiencia”, afirmó Jalkh.
Recordó que ahora los administradores de justicia son designados a través de concursos públicos de oposición, méritos e impugnación ciudadana.
Explicó que, a diferencia de lo que ocurría antes, quienes superan estos procesos ingresan luego a cursos de formación impartidos por la Escuela de la Función Judicial (EFJ), instancia que cuenta con exigentes metodologías de enseñanza y evaluación.
Rechazó los cuestionamientos actuales en contra de la Función Judicial y en contra de la capacidad profesional e independencia de los jueces. Al respecto recalcó que “el juez del siglo XXI entiende que la independencia judicial no es privilegio de los funcionarios, sino un derecho de los ciudadanos”.
De su parte, la directora de la EFJ, Patricia Andrade, afirmó que hay quienes quieren hacer creer, “a fuerza de repetición”, que los administradores de justicia son mediocres.
“Nada más alejado de la verdad. Los jueces del país son profesionales altamente capacitados”, aseguró; y añadió que quienes logran ingresar a la carrera judicial son hombres y mujeres empeñados en alcanzar el rigor y la ética.
FUENTE: Consejo Nacional de la Judicatura, mediante boletín informativo y fotos de la Dirección de Comunicación, enviados a través de su delegación en Manabí.- MANTA, 19 de septiembre de 2017.
REVISTA DE MANABÍ 