Por Pedro Pablo Jijón Ochoa (°)
En edición del 9 de mayo de 2018, en el Diario El Telégrafo de Guayaquil, en la sección “Ocurrió hace…” se publicó que hace 75 años el Dr. Carlos Alberto Arroyo del Rio decretó la libre exportación de arroz pilado. En ese año, 1943, la proyección de exportación sería de 800 mil quintales. Publicación que me lleva a pensar que, por diferentes circunstancias, hemos retrocedido 75 años en el desarrollo agropecuario en el Ecuador.
El arroz es un cereal base de la dieta del ecuatoriano; es un alimento energético, digerible, bajo en grasas, rico en almidón; además de económico. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Ecuador ocupa el puesto N° 26 como país productor de arroz; además nos contempla dentro de la Comunidad Andina como uno de los países de mayor consumo (Según cifras del Ministerio de Agricultura del Ecuador {MAG}, el consumo promedio es de 117 libras por habitante al año).
En los últimos meses este sector se ha visto fuertemente golpeado por acciones que podrían llevar a la quiebra de los productores arroceros y por ende a una alarmante falta de este producto en la canasta básica. Acciones que van desde la falta de control de precios de compra de la industria a los productores, agresiva intermediación, ingreso de esta gramínea por la frontera sur y comercializada por entes nacionales; y, por último, el famoso Acuerdo Ministerial 047 que señala precio techo y precio piso, la franja de precios que no aplica de manera legal para el caso de la producción interna sino para la importación de productos agropecuarios. Parecería toda una estrategia para quebrar la producción nacional y beneficiar a la letal intermediación y a la industria.
Todo esto ha ocasionado fuertes protestas y cierres de vías de la provincia del Guayas, fuertes opiniones a favor y en contra en redes sociales, reuniones álgidas de productores, caminatas pacíficas, sin resultado ni respuesta del organismo rector de la Política Agropecuaria Nacional. Se ha ocasionado una verdadera revolución, donde la opinión pública y los productores agropecuarios, cansados de diálogos infructuosos y promesas, ya piden vehementemente cambio de Ministro de Agricultura e implementación de verdaderas políticas de desarrollo agropecuario.
Sugiero acciones claras y contundentes, como:
Articulación entre Servicio de Rentas Internas (SRI), Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para control en el ingreso sur y comercialización de esta gramínea, y decretar la prohibición de ingreso al Ecuador.
Agregación de valor, como la idea del ingeniero Andrés Sotomayor G., de convertir en harinas de arroz como opción para controlar precios y evitar que el Ecuador importe esta materia prima muy usada en cosmética y pastelería fina.
Comercio Justo o Fairtrade entre organizaciones de productores de diferentes zonas del país, para comercializar de manera directa al consumidor final y así controlar la intermediación.
Derogación inmediata del Acuerdo Ministerial N° 47 que fija ilegalmente precios piso y techo para la gramínea.
Hagamos verdadera revolución del sector agropecuario en el Ecuador, con políticas que realmente levanten al pequeño y mediano productor. Si los productores están bien, la industria tendrá materias primas, el comercio y la economía se activarán de manera exponencial y el país tendrá seguridad alimentaria.
REVISTA DE MANABÍ 