Vocal de Judicatura pide investigar a jueces y fiscales que actuaron en caso de revuelta policial

Este martes, 23 de octubre de 2018, la vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) interino, Zobeida Aragundi Foyain, entregó a la Fiscalía General del Estado información sobre la supuesta actuación irregular de 204 jueces y 42 fiscales que intervinieron en 51 procesos relacionados con la revuelta policial que puso en jaque al gobierno ecuatoriano anterior.

De acuerdo a lo que explicó la abogada Aragundi Foyain, la investigación realizada sobre este tema determinó que la mayoría de casos relacionados con el 30S (30 de septiembre del 2010), fueron reabiertos varios años después y judicializados con base en videos y audios manipulados, editados y sin la cadena de custodia como manda la ley.

Indicó que, pese a que los jueces y fiscales conocían de estas irregularidades, la mayoría de los 715 procesados fueron sentenciados.

La funcionaria indicó que para llegar a estas conclusiones se recopiló y verificó información durante dos meses en 17 provincias, donde se iniciaron procesos relacionados con el 30S.

Zobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura, entrega documentos para que la Fiscalía General del Estado investigue irregularidades judiciales en el caso 30S. Quito, Ecuador.

Zobeida Aragundi y el ayudante que porta los documentos entregados en la Fiscalía General del Estado, en Quito.

“Hemos recogido todas las piezas procesales importantes, como la formulación de cargos, los llamamientos a juicios y las sentencias que se han producido en cada uno de los 51 procesos”, señaló la vocal.

Agregó que se cuenta con un informe de la Contraloría General del Estado, que determina responsabilidades del exfiscal Carlos Baca Mancheno en el presunto pago para la edición y manipulación de los videos.

“Tenemos los videos, testimonios de las víctimas del 30S firmados y un sinnúmero de evidencias, indicios e instrumentos que le servirán a la Fiscalía para iniciar su investigación”, manifestó.

La abogada puntualizó que el Consejo de la Judicatura está empeñado en resarcir el daño provocado, en señalar a los culpables, al menos dentro del sistema judicial. “Jueces y fiscales que actuaron contra la ley y dieron valor a pruebas manipuladas, deben responder ante la justicia y ante la historia”, sostuvo.

Para ella, denunciar estos hechos y exigir justicia, es una forma de reivindicar los derechos de las víctimas en este caso.

FUENTE: Boletín informativo y fotos, con firma de la Dirección Nacional de Comunicación del Consejo de la Judicatura (Quito) y enviados a través de la Unidad de Comunicación de la Delegación del CJ en Portoviejo, Manabí.
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