Comisión Nacional Anticorrupción asume competencias otorgadas por Judicatura

En la mesa, de izquierda a derecha: Jorge Rodríguez, Marcelo Merlo y Arnaud Peral.

El Consejo de la Judicatura (CJ) presentó la Mesa de Lucha Contra la Corrupción Judicial, cuyo objetivo es investigar y detectar presuntas irregularidades cometidas por los órganos jurisdiccionales, autónomos y auxiliares en los procesos judiciales. El evento tuvo lugar en la sede nacional de la Judicatura, en Quito, este viernes 18 de enero del 2019.

La Mesa es creada con base en la resolución 094A-2018, que dispuso -entre otras cosas- la creación de una mesa de trabajo que investigue hechos de corrupción judicial.

Esta Mesa estará integrada, entre otros, por los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA). Por ello, el presidente del CJ, Marcelo Merlo y el coordinador de la CNA, Jorge Rodríguez, firmaron un mandato simbólico orientado a enfrentar de manera eficaz actos ilícitos en la Función Judicial. El coordinador residente de Naciones Unidas en Ecuador, Arnaud Peral, suscribió el documento como testigo de honor.

Merlo indicó que todos los ecuatorianos, a través de la CNA, están representados en la Mesa. “Le estamos dando a la sociedad el legítimo derecho de empoderarse en denunciar y actuar para prevenir la corrupción”, dijo. Señaló que más de 10 años de corrupción no se pueden cambiar en pocos meses, pero con esta Mesa se abre la puerta para que la ciudadanía denuncie estos  casos.

“En el país, los afectados por la corrupción somos los 17 millones de ecuatorianos”, razonó Merlo.

De su parte, la vocal Zobeida Aragundi Foyain expresó que esta Mesa es parte de un Sistema Integral de Lucha Contra la Corrupción, la Delincuencia Organizada y Combate a la Impunidad. En este contexto, anunció la creación de unidades especializadas de jueces de primer nivel y de tribunales penales en Quito, Guayaquil y Cuenca, para conocer y resolver delitos como peculado, cohecho, concusión, testaferrismo, tráfico de influencias, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito público y privado, etc.

“Estas unidades también contarán con peritos conocedores de finanzas, contabilidad, materia tributaria y especializados en la ubicación y recuperación del dinero producto de actos de corrupción”, reveló Aragundi.

De su parte, el representante de la CNA, Jorge Rodríguez, sostuvo que la creación de estas unidades judiciales especializadas y contar con peritos nacionales e internacionales, es beneficioso para alcanzar un cambio sustancial en la lucha contra la corrupción. Destacó la asesoría de las Naciones Unidas, porque cuenta con la normativa necesaria en esta materia y se aplica en otros países.

“Me uno absolutamente a esta acción. Es fundamental que tengamos esta reestructuración”, concordó Rodríguez.

En este sentido, el coordinador de Naciones Unidas, Arnaud Peral, destacó el trabajo conjunto entre la Judicatura y la CNA para enfrentar a la corrupción.

“Tenemos que levantarnos y denunciar, y para eso necesitamos mesas como esta y mecanismos para proteger a los denunciantes, con instrumentos eficaces de justicia para que no se reproduzca la impunidad”, animó Peral.

Mandato para la Comisión Anticorrupción

El mandato fue desarrollado con base en guías metodológicas propuestas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ancladas en la participación ciudadana sirven para el restablecimiento pleno del Estado de Derecho.

Este instrumento, que tendrá una duración de cuatro años, contempla, entre otros aspectos, que la composición e integración de la CNA sea la misma que tiene actualmente, pero con la facultad de ampliar su base, en cooperación permanente con sus mandantes originales, es decir, trabajadores, indígenas y organizaciones sociales.

El documento también establece que los integrantes de este organismo, que hayan ocupado un cargo público, sólo podrán ser parte del comité consultivo, pero no del ejecutivo de la CNA.

Esta entidad recabará, evaluará y sistematizará información suministrada por cualquier persona, institución oficial o privada, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y autoridades de otros Estados.

También promoverá la acción penal por medio de denuncia ante las autoridades correspondientes; asesorará técnicamente a las instituciones competentes del Estado en la investigación y lucha contra la corrupción e implementará procedimientos administrativos.

Asimismo, la CNA solicitará a cualquier funcionario o autoridad administrativa de los organismos del Estado y de sus entidades autónomas descentralizadas, declaraciones, documentos, informes y colaboración en general. Ellos están obligados a proporcionar sin demora aquello que les sea requerido.

En esta misma línea, pedirá a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los testigos, víctimas y todos aquellos que colaboren en su investigación, y monitoreará la implementación y cumplimiento de dichas medidas.

FUENTE: Consejo de la Judicatura (Quito), mediante boletín informativo y foto con firma de su Dirección Nacional de Comunicación.
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