Los reiterados pronunciamientos públicos de la presidenta de la Cámara de Comercio de Manta (CCM), Lucía Fernández Avellaneda -quien a la vez ha hablado en nombre del Comité Cívico de Manta-, acerca de supuestas irregularidades en el proceso de concesión estatal del puerto de Manta al consorcio chileno-ecuatoriano Agunsa, ha llevado a este a responder, a través de su filial Terminal Portuario de Manta (TPM), reprochando a la primera “(…) contra estos infundados y maliciosos ataques y denuncias que afectan tanto a uno de los socios de la Cámara como al progreso de la ciudad (…)”.

TPM está afiliado a la CCM desde el 22 de marzo del 2017 y su respuesta la fechó el día 2 de octubre del 2019, dirigiéndola a la directora ejecutiva del gremio comercial, Aurora Valle, mediante comunicación escrita firmada por el gerente general del Terminal, Samuel Franco Caicedo. Este escrito fue difundido entre todos los afiliados a la Cámara.

A esa comunicación ha reaccionado la presidenta de la CCM, que el 9 de octubre presente dirigió una extensa carta a los afiliados del gremio, en la que, entre otras expresiones, dice lo siguiente:

“No es ni será nunca mi intención agraviar a nadie, pero debo dejar muy en claro que, algo que va más allá que cualquier norma estatutaria o reglamentaria son mis principios éticos y morales, los que a través de mis años y en el ejercicio de mis funciones y actividades he demostrado, ninguna persona natural o jurídica logra tener una patente de corso por la compra de una membresía, nadie en razón de una expensa podrá estar por encima de la ley y de la ética, nadie puede responder por actos o hechos de terceros, no obstante aquello hemos demostrado durante nuestro accionar al frente de la Cámara de Comercio de Manta el impulso, fomento y defensa de las actividades económicas que benefician a la sociedad, así también hemos defendido y defenderemos el patrimonio de todos los mantenses”. (Sic)

El diferendo que motiva el enfrentamiento comunicativo entre la CCM y el TPM es porque Lucía Fernández ha denunciado -según ella basada en un Examen Especial llevado a cabo este año por la Contraloría General del Estado- que entre otras irregularidades habría encontrado lo siguiente:

Un proceso precontractual viciado, con grandes ventajas a Agunsa, de un sinnúmero de irregularidades que van desde modificaciones constantes a los pliegos, excesivas prórrogas, canon perjudicial, reducción del capital social, cesión libre de acciones, perfil del oferente limitado, equipamiento mínimo. Y esto, según Fernández, desembocó en lo que en la actualidad está viviendo el puerto de Manta:

Un canon de arrendamiento perjudicial, que no es viable. El artículo 31 de la Ley de Alianzas Público Privadas, contempla que “no se pude comprometer la sostenibilidad fiscal”, es decir las ganancias públicas, ni la prestación regular de los servicios. Pero, según dicho examen, ya existió una pérdida para el Estado por el valor de USD 2´493,763.52.

Etapas de desarrollo que no tienen plazos fijos para ejecutarse. De esta manera es casi imposible llegar a la etapa 1B, que tiene solo como referencia de ejecución al año 2019, para lo cual se requiere la movilización de 50 mil TEUS (contenedores de 20 pies cúbicos cada uno) anuales, cuando a la fecha (julio/2019) solo se han movido: 4 en 2017, 20 en 2018, 223 en 2019 (Fuente: página web APM). 

Foto bajada del sitio web oficial del TPM.

Todo esto en virtud de que en el contrato no se estableció tiempo sino movimientos de contenedores, como “gatilladores” para pasar a la siguiente fase de inversión. Si no se cumple no se pasa y se deberá esperar 30 años, y sin mayor obligación de movimiento de cargas mínimos, en vista de que no se contempló un compromiso estricto de encargarse del incremento de carga en contenedores, como parte de sus obligaciones. A lo único que está condenado el puerto es a permanecer en el subdesarrollo como lo está en la actualidad y desde los últimos 10 años.  

Sumado a esto, los costos por daños del terremoto quedaron a cargo de APM (Autoridad Portuaria de Manta), ya que en la circular modificatoria No 004-2016-APM se modificó, en el inciso V, sobre las mejoras y reparaciones del puerto.

Además, existe conflicto de intereses. Personal responsable de pliegos y de revisión de contrato pasó de manera inmediata a ser parte de la concesionaria AGUNSA/TPM, hecho que se evidencia en el EXAMEN ESPECIAL de Contraloría DPM-0018-2019, que contiene un sinnúmero de observaciones de toda índole.

Lucía Fernández dice, por último, que no existió el decreto ejecutivo de excepcionalidad para iniciar el proceso de Delegación mediante Asociación Público Privada, sino que utilizaron un decreto ejecutivo del 2011 para proceso de Delegación, situación que invalidaría o haría nulo el contrato entre el Gobierno nacional ecuatoriano y Agunsa.

Samuel Franco, del TPM, argumenta que su representada está contribuyendo positivamente con el puerto y la ciudad de Manta, haciendo inversiones monetarias que han permitido a los exportadores locales despachar sus productos directamente desde este puerto. Observa que en los actuales momentos hay una gran competencia entre puertos ecuatorianos y que por esto es necesario que las cámaras comerciales hagan un trabajo de promoción de las exportaciones.

Acusa a la señora Fernández de utilizar indebidamente a la CCM para “(…) sus desconocidos intereses particulares (…)”, y “(…) quien de forma incomprensible y desacertada continúa realizando ataques mediáticos y enviando comunicaciones con acusaciones falsas a autoridades (…)”. Finaliza pidiendo “(…) la debida protección gremial contra estos infundados y maliciosos ataques y denuncias (…)”.

FUENTES: Comunicaciones cruzadas entre el gerente general del TPM y la presidenta de la CCM, y resumen del examen especial de Contraloría. Documentos facilitados a REVISTA DE MANABÍ por la CCM.
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