La presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ) de Ecuador, María del Carmen Maldonado Sánchez, suspendió hasta por 90 días al presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Gabriel Manzur Albuja; y abrió sumario en contra de una agente fiscal de Esmeraldas y de cuatro jueces penales de primer nivel que ejercen en la provincia de Manabí.
Maldonado justificó la medida contra Manzur en “razón de los hechos que son de conocimiento público y por los cuales existe una indagación previa por parte de la Fiscalía General del Estado, por presuntos delitos de enriquecimiento privado no justificado y lavado de activos”.
En ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 269, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y en el artículo 48 de la Codificación al Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, Maldonado dictó la medida cautelar una vez verificado que se cumplen los respectivos requisitos legales de gravedad y urgencia.
La resolución de suspensión fue remitida a la Secretaría General de la institución, con el fin de que su pleno conozca y resuelva sobre la situación disciplinaria del mencionado funcionario judicial.
Maldonado añadió que, de igual forma, el pleno del CJ dispuso el inicio de un sumario administrativo en contra de Madeline Montaño, agente fiscal de Esmeraldas, a quien, durante un operativo de control, se le encontró en su domicilio expedientes investigativos, así como determinadas sustancias y artículos de dudosa procedencia y uso. “Elementos de convicción que hacen presumir su participación en los presuntos delitos de concusión y asociación ilícita”, según la principal de la Judicatura.
Por otro lado, en la provincia de Manabí, el pleno del CJ abrió un sumario administrativo contra cuatro jueces penales de primer nivel, quienes estarían involucrados en el presunto delito de asociación ilícita. A través de operativos desarrollados por la Fiscalía del Estado y la Policía Nacional, se verificó que estos jueces, en coordinación con servidores del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, ofrecían beneficios a los internos a cambio de dinero. Por estos hechos existe una instrucción fiscal. La información de la Judicatura omite los nombres de estos jueces.
Maldonado anunció, además, que se ha dispuesto a la Dirección General de la institución que instruya a todas las direcciones provinciales, para que en los casos en que se haya dictado medida cautelar de prisión preventiva contra servidores de la Función Judicial o en caso de que los funcionarios estén involucrados en procesos penales, no se les confiera licencias, permisos o vacaciones, con el fin de precautelar una adecuada administración de justicia.
El CJ aclara que tiene entre sus ejes de gestión la «Lucha contra la corrupción» y en ese marco aplicará su facultad de control disciplinario y adoptará las medidas que permitan garantizar que todos los funcionarios judiciales cumplan su labor en un marco de transparencia y ética.
REVISTA DE MANABÍ 