Parecería que en la República del Ecuador faltan centros especializados en dar abrigo y tratamiento médico a las personas adictas a las drogas, pues cada cierto tiempo aparece una noticia dando cuenta del descubrimiento y clausura de algún albergue ilegal o precario, donde supuestamente trataban esas adicciones para revertirlas.
Los albergues privados, informales o desastrosos, no surgen por obra de beneficencia sino para lucrar. Los drogadictos o sus familiares deben pagar altas sumas de dinero para conseguir el albergue y los supuestos cuidados de salud que en él reciben. Esto habla de la falta de establecimientos públicos para estos menesteres y de la poca importancia que el Estado brinda a estas necesidades sociales.
Un reciente boletín de la ACESS (Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada) informa de la clausura preventiva impuesta a un lugar que acogía a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas. Esto sucedió el viernes 10 de enero/2020, en la zona rural del Cantón Santo Domingo de los Tsáchilas, en el centro norte del país.
La comisaria de salud de la ACESS provincial, Leidy Chiliquinga, indicó que las razones por las que se procedió con la medida precautelar, son: falta de gestión integral de desechos, falta de permiso de funcionamiento, falta del equipo médico y de un responsable técnico. Estas faltas, según la comisaria, infringen los artículos 97, 130 y 185 de la Ley Orgánica de Salud (LOS) y el Acuerdo Ministerial (de Salud) 00001993.
En el establecimiento clausurado se encontró a 11 hombres mayores de edad, todos pacientes. Después de la clausura, ellos fueron trasladados a un centro ambulatorio para tratamiento del consumo problemático de alcohol y otras drogas, del Ministerio de Salud Pública (MSP).
“Quienes voluntariamente quieran trasladarse a un Centro Especializado para el Tratamiento de Personas con Consumo de Alcohol y otras Drogas (CETAD), se hará la gestión para su ingreso; los otros pacientes deberán ser llevados por sus familiares hasta sus domicilios”, indicó la delegada provincial, Salomé Delgado Merizalde.
Entre los pacientes había una persona con patología hipertensa no controlada, que recibió el tratamiento de los profesionales médicos del Ministerio de Salud Pública.
Luego de la medida sancionadora aludida, la Comisión Técnica Institucional de la ACESS elaborará un informe sobre lo sucedido, y se lo tomará de base para adoptar las medidas legales correspondientes, expresó la comisaria.
Para hacer efectiva la medida cautelar, participaron representantes de la Policía Nacional, de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Salud Pública.
A propósito de este acontecimiento, la ACESS recuerda que “La salud es un derecho que garantiza el Estado, y la prestación de los servicios de salud se deben regir por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. Por ello, la ACESS trabaja arduamente para controlar que los establecimientos que brindan este tipo de tratamientos cumplan con la normativa vigente y así garantizar a la población el cumplimiento de sus derechos.”
Según esa declaración, la ACESS tiene bien claras las responsabilidades que le manda la ley; pero, lo relatado sobre su intervención en el caso aquí aludido, prueba que actúa demasiado tarde, cuando los infractores de las normas ya han infligido bastantes daños a terceros, por acción u omisión (Nota de RM).
REVISTA DE MANABÍ 