Falta de dinero pone a riesgo los servicios judiciales de Ecuador

En estos tiempos de distanciamiento social es imperativo usar la telemática para comunicarse, pero a la Función Judicial del Ecuador le falta el dinero para pagar las licencias./ FOTO: CJ Manabí (Archivo)

El Consejo de la Judicatura (CJ) del Ecuador, a través de su Dirección General, solicitó al Ministerio de  Economía y Finanzas (MEF), que asigne los recursos necesarios a fin de adquirir licencias de programas para el desarrollo de video audiencias en la Función Judicial.

La situación es apremiante para el CJ, que tiene un sistema de video conferencia que data de aproximadamente 15 años y dispone solamente de 120 licencias contratadas (propias).

El CJ dice haber hecho esfuerzos enormes a fin de obtener licencias por un tiempo de prueba, que concluye el próximo 15 de agosto, fecha hasta la cual se pueden utilizar las mencionadas licencias para realizar las audiencias telemáticas.

En todo el país, revela, existen alrededor de 2.000 juezas y jueces, quienes realizan audiencias todos los días. Por ejemplo, solo durante la pandemia por la COVID-19, del 16 de marzo al 24 de julio del 2020, se han realizado 60.152 audiencias. De estas, 27.511 fueron telemáticas y 32.641 presenciales.

Indica que, en coordinación con las diferentes áreas operativas que forman parte de su Planta Central, ha adoptado acciones rigurosas de control y optimización de los recursos con los que cuenta para atender la demanda de la ciudadanía.

Sin embargo, afirma, estos recursos se han reducido debido a los constantes recortes presupuestarios por parte del MEF, que -durante el presente ejercicio fiscal- ascienden a US$ 6´038.868,28. Estos recursos estaban destinados a diversas tareas con impacto directo sobre la operatividad y la eficiencia de la prestación de los servicios de justicia.

La Judicatura explica que el último recorte por parte del MEF al presupuesto operativo de la Función Judicial se realizó el 1 de julio del 2020, con las certificaciones de Retiro No. 319 y No. 320, por un monto de US$ 1´207.742,00.

Dichos valores, según la Judicatura, estaban asignados a actividades de contratación emergente, como el  proceso de adquisición de licencias de la plataforma ZOOM y de la plataforma Polycom, necesarias para realizar video audiencias. El valor estimado para este servicio se calcula en US$ 246.489,04.

Aclara que la certificación No. 320, planteada por el MEF, mantiene US$ 752.284 en estado “reservado”, impidiendo al Consejo de la Judicatura utilizar dichos recursos para mantener el servicio de videos audiencias a nivel nacional.

El Consejo de la Judicatura solicita al MEF que libere el comprobante No. 320, con el fin de permitirle continuar cumpliendo su objetivo primordial de administrar el servicio de justicia.

Asegura que es urgente e indispensable que el MEF proporcione los recursos necesarios para llevar a cabo las audiencias telemáticas, que durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 han permitido precautelar la salud y la vida de usuarios y servidores de la Función Judicial, además de mantener la continuidad de los servicios de justicia.

La Judicatura alerta a la ciudadanía y al país que, si no se entregan recursos mínimos necesarios, los servicios de justicia se verán seriamente afectados y por ende la tutela judicial efectiva de los derechos de la ciudadanía.

FUENTE: Consejo de la Judicatura del Ecuador (Quito), mediante boletín con firma de su Dirección Nacional de Comunicación, y remitido el día jueves 06 de agosto del 2020.