En Ecuador se ha hecho público el interés del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, de reformar -vía consulta popular- la estructura de la Función Judicial y, particularmente, de suprimir el Consejo de la Judicatura que actualmente funge como órgano de gobierno de aquella función del Estado.

Sobre la conveniencia o no de poner en práctica esa intención presidencial, sobre todo la de suprimir el Consejo de la Judicatura, hay diferentes puntos de vista: unos a favor, otros en contra, y algunos que sugieren el rediseño de aquel Consejo.

Entre los primeros está el convencimiento de que el Consejo de la Judicatura no hace falta; los segundos argumentan que el desempeño de los jueces necesita el control que hace dicho Consejo; mientras que los terceros aprueban la existencia de la Judicatura, pero haciendo ajustes a su funcionamiento.

Al tenor de todas esas posiciones, el  Consejo de la Judicatura tiene su propio criterio. Recuerda que su pleno asistió, el 19 de enero del 2022, a una reunión con el primer mandatario y con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, donde se abordaron varios temas relativos al sistema judicial.

Dice que siempre ha estado y estará abierto a participar en aquellos procesos orientados a fortalecer la Función Judicial y aportar en el planteamiento de reformas que garanticen al público su acceso efectivo al servicio de justicia.

La Judicatura considera que un eventual proceso de reestructuración de la Función Judicial debe aplicarse con base en la experiencia y conocimientos que pueda aportar cada uno de los órganos de la Función Judicial, con el único objetivo de asegurar la permanencia de las instituciones, por encima de la transitoriedad de sus autoridades correspondientes.

Añade que siempre será parte del debate, con propuestas serias, argumentadas y oportunas. En este sentido ratifica su predisposición de trabajar junto a la Corte Nacional de Justicia y a todos los órganos de la Función Judicial, tal como se lo ha venido haciendo, para impulsar cualquier proceso de reforma a la Función Judicial que sea favorable, por sobre todo, a los intereses de la ciudadanía.

FUENTE: Consejo de la Judicatura (Quito, Ecuador), mediante comunicado público con firma de su Dirección Nacional de Comunicación Social.

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